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Caso Chong: Gbno. se querella por ley de control de armas contra dueño de UZI

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El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció este viernes que el Gobierno se querellará por ley de control de armas contra el poseedor de la subametralladora UZI que es parte de los detenidos ayer por amenazas contra la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.

«Ayer la PDI detuvo a ocho personas por imputarles la responsabilidad por las amenazas en contra de la fiscal Chong, en ese procedimiento una de ellas era poseedora de una UZI, de un arma de fuego prohibida en nuestro país», explicó Galli.

En ese contexto, el subsecretario indicó que «es por ello que como Gobierno hemos decidido iniciar acciones legales, presentar una querella criminal por la ley de control de armas en contra del poseedor de esta arma de fuego con penas que son las más altas de nuestro ordenamiento jurídico, con penas que van de tres años y un día a diez años de prisión para aquellas personas que sean responsables de tener y utilizar armas de fuego prohibidas en nuestro país como fueron detectadas en la detención del día de ayer».

POLÉMICA POR SUS DECLARACIONES

El subsecretario además se refirió a la polémica que generaron esta mañana sus dichos en Radio Cooperativa, en donde junto con condenar las amenazas a la fiscal, se refirió al armamento encontrado por la PDI. «Por lo que se vio, los utensilios que tenían (la agrupación) no eran de gran importancia, salvo esa subametralladora UZI que es un arma prohibida», comentó Galli, declaraciones que gatillaron críticas desde la oposición.

Consultado al respecto, el subsecretario del Interior expresó que «esas amenazas son graves, condenables y afectan seriamente el Estado de Derecho. Por eso mismo, quise distinguir entre la gravedad de un arma de fuego y aquellos otros elementos que se detectaron como eran cascos que simulaban a cascos balísticos o armas a fogueo que claramente son de menor gravedad que el arma de fuego detectada y por la cual nos estamos querellando».

PRISIÓN PREVENTIVA PARA DUEÑO DE UZI

La jueza del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Tatiana Escobar (en la foto), decretó este viernes desestimar la prisión preventiva para siete de los ocho imputados por amenazas en contra de la fiscal del Ministerio Público, Ximena Chong, y aplicarla solo a uno de ellos por su eventual responsabilidad en la tenencia de armas encontradas por la PDI.

De este modo, la magistrada rechazó la solicitud realizada por el fiscal jefe de Santiago Centro, Francisco Jacir, quien durante la audiencia de formalización iniciada ayer y que continuó esta mañana, subrayó la necesidad de mantener bajo custodia a los involucrados, debido a los antecedentes recabados en horas previas por la PDI.

En ese contexto, Escobar consideró las alegaciones de los abogados defensores, quienes apelaron a la irreprochable conducta anterior de sus representados y a la desproporcionalidad de la medida solicitada por la Fiscalía.

Al respecto, Escobar explicó que «a propósito de todo lo que ya se ha analizado, pueden cumplirse las medidas cautelares del artículo 155 apareciendo, en esta etapa procesal y con estos antecedentes, desproporcionada la medida cautelar de prisión preventiva en lo relacionado con el delito de amenaza».

«Distinto es el caso de las infracciones a la ley de armas. Desde la perspectiva de la necesidad de cautela, el imputado -sin perjuicio de su irreprochable conducta anterior- lo cierto es que enfrenta penas de cumplimiento efectivo sin posibilidades de penas sustitutivas por la naturaleza del delito que se le imputa«, añadió.

En esa línea, la jueza sostuvo que en el caso de los demás imputados se imponen las cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y a su familia donde quiera que esta se encuentre. No pueden estar a menos de 200 metros y esa es la decisión del tribunal».

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

Durante las alegaciones, los abogados defensores justificaron la advertencia que los involucrados realizaron a la fiscal, debido a su actuación en la investigación del caso del carabinero acusado de empujar a un manifestante desde el Puente Pio Nono, debía entenderse en el contexto de la campaña del Plebiscito, dado el apoyo de sus representados al Rechazo.

Cabe destacar que el grupo acudió el 6 de octubre pasado a dejar una carta al domicilio de Chong, en la cual le advirtieron que «si usted considera que esta carta es una amenaza seria hacia su integridad psicológica y física, entonces está en lo correcto. Dado lo anterior, sugerimos a usted y a sus adeptos que contribuyen a la decadencia de nuestra nación y nuestra justicia, corrija su actuar a la brevedad».

Al respecto, el jurista Mauricio Narbona, admitió que el método y el tono utilizado por los imputados para manifestar su reclamo en contra de la persecutora «no fue de la mejor manera», pero argumentó que el hecho «tiene un contexto en la crisis social», aludiendo a la campaña política por el Plebiscito.

«Estamos dentro del derecho penal liberal que ha conquistado ciertos principios, uno de ellos es que alguien no puede ser considerado terrorista o autor de amenazas por el hecho de, en el medio del fragor político, ir a dejar una carta a alguien que a su juicio contribuye con el declive de la institucionalidad«, dijo el jurista.

Asimismo, recalcó que «la entrega de la misiva es inocua, no es violenta. Nosotros cuestionamos el contenido, pero no en los términos de configuración de amenazas como lo ha presentado el Ministerio Público (…) nos oponemos a las cautelares y creemos que otras medidas como orden de alejamiento podrían resguardar a la fiscal».

OTRAS RAZONES

En tanto, el defensor público Pablo Sanzana, quien representa a seis de los imputados, aseguró que con la entrega de la carta «no existe una amenaza condicional”, ya que la misiva “hace comentarios políticos, de una supuesta parcialidad de la fiscal y que van a tomar las medidas necesarias, pero sin decir de qué se trata».

«Amenaza no existe ninguna, hay que reconocer que es una carta sumamente ofensiva a una mujer y una fiscal del Ministerio. Pero no hay amenaza simple, que es una estupidez, también lo es, es injurioso, tal vez, pero amenaza no (…) No por decir amenaza, la carta constituye una amenaza o un hecho de delito», enfatizó.

Además, Sanzana argumentó que el grupo fue «una sola vez a la casa de la fiscal, por lo que es un hecho aislado. La forma en que se realiza la amenaza no hace que sea verosímil. Es una carta ofensiva que podría constituir injuria, pero no amenaza«.

En ese contexto, aseguró que los acusados «no tienen antecedentes penales y tienen derecho a una pena sustitutiva en caso de ser condenados. No tienen posibilidad de frustrar la investigación en su libertad. ¿Existe peligro para la victima? Ciertamente no, porque esta carta no es una amenaza simple, es un hecho estúpido, pero no una amenaza”. (Emol)

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