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Caso Balda: el secuestro que puede llevar a la cárcel a Rafael Correa

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Prisión preventiva y una orden de detención internacional. Esas fueron las medidas dictadas por una jueza de la Corte Nacional de Ecuador este martes en contra del ex Presidente Rafael Correa, quien es investigado en el marco del denominado caso Balda.

El Mandatario ecuatoriano, que dejó el poder en 2017 y se radicó en Bélgica, se encuentra en el ojo del huracán desde que fuera acusado de ser quien ordenó el secuestro de Fernando Balda, uno de sus más férreos opositores. Una denuncia que hoy lo tiene como el objetivo de una orden de captura en Interpol.

EL SECUESTRO

Balda es un líder político y ex diputado que inició su carrera al interior de Alianza País, el partido al que pertenece el ex Presidente. Tras una serie de desacuerdos con dicha colectividad, decidió migrar y posicionarse en el extremo más radical de la oposición a Correa.

Sus dichos y acusaciones sobre irregularidades en contra del entonces jefe de Gobierno terminaron valiéndole una denuncia por injurias y por atentar en contra de la seguridad del Estado, por lo que decidió huir y pedir refugio en Colombia.

Allí vivía hasta que el 13 de agosto de 2012 lo secuestraron. Según relató al portal El Colombiano, se encontraba caminando por el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, cuando un vehículo de color blanco se estaciona justo en frente de él. Cinco personas se bajaron, comenzaron a golpearlo y lo obligaron a ingresar a la camioneta. Sin embargo, lo liberarían a los pocos minutos.

Un taxista testigo del suceso había llamado a la policía, que finalmente comenzó una persecución. Ante la presión, los secuestradores dejaron a Balda en la carretera. El vehículo blanco, en tanto, fue encontrado en las cercanías del aeropuerto de Guaymaral en la capital colombiana.

INVESTIGACIÓN Y VÍNCULO CON CORREA

Tras superar el hecho, Balda aseguró que la orden de secuestro había sido dada por el entonces Presidente ecuatoriano y comenzó una batalla legal en su contra, la misma que hoy tiene a Correa con orden de detención.

Según un reportaje publicado por la revista Semana, en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Colombia consta que en mayo de 2012, en el hotel de Las Lomas de Bogotá, Balda habría conocido a otros tres ecuatorianos, entre ellos Raúl Chicaiza, quien se habría acreditado como miembro de una ONG. Tres meses después y tras despedirse de Chicaiza en la calle, ocurrió el secuestro.

Las pericias del vehículo utilizado para la sustracción permitieron a la fiscalía determinar que tres agentes de inteligencia ecuatorianos estuvieron involucrados. El nombre de Chicaiza volvía a aparecer, esta vez, como un sargento activo de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador (Senain).

En junio pasado, Chicaiza admitió que en mayo de 2012 se le había encomendado infiltrarse en el entorno de Balda en Colombia y que el operativo conseguir su deportación.

Ante un primer intento fallido, la misión se enfocó en “traerlo (a Ecuador) a como de lugar”. Es entonces cuando los agentes de inteligencia habrían contactado a una banda criminal colombiana para ejecutar el secuestro, la denominada “Operación Wilson”.

Según Chicaiza, Correa, quien mantenía el seudónimo de “Carlitos”, estaba enterado tanto del secuestro, como de su posterior fracaso, e incluso lo habría llamado directamente a su celular para ofrecerle apoyo político, económico e institucional.

Hasta hora, ocho personas han sido detenidas por el caso: cuatro colombianos fueron sentenciados a 60 meses de cárcel por el delito de secuestro simple, y cuatro agentes de inteligencia ecuatorianos se mantienen en prisión preventiva a la espera de un juicio, incluido el ex secretario de Senain, Pablo Romero.

Correa fue vinculado judicialmente en junio pasado tras ser indicado como autor mediato de los hechos, por tratarse del superior directo de Romero. En tanto, el jefe de la Policía, Fausto Tamayo, también fue implicado, aunque ya se encontraba en prisión por otro caso.

OPCIONES DE CORREA

El denominado “caso Balda” aún se encuentra en etapa de instrucción fiscal, por lo que queda la posibilidad de que el ex Presidente sea sobreseído antes de que la Corte Nacional de Justicia llame a juicio.

Para que pueda ser enjuiciado, Correa deberá estar en Ecuador, pues el secuestro es un delito por el cual la ley ecuatoriana impide el proceso en ausencia. Si no es detenido o no se presenta al eventual juicio, el proceso quedará en suspenso y prescribiría en seis años.

La defensa de Correa, quien acusa persecución política, aún puede pedir la sustitución o revocatoria de la prisión preventiva. Sin embargo, el ex jefe de Estado ya incumplió la disposición de presentarse periódicamente ante la autoridad en Quito.

“Veo poco probable que la medida sea revocada, pero jurídicamente tiene todavía esa alternativa”, dijo a la agencia AFP el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, catedrático de la Universidad Católica del Ecuador.

Correa también ha anticipado la posibilidad de solicitar asilo en Bélgica, de donde es su esposa. “Para eso él debería demostrar que se trata de un perseguido político y cumplir los requisitos que Bélgica imponga para el efecto”, apuntó Guerrero. (Emol)

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