Carabineros informó esta mañana sobre una indagatoria interna que se está realizando al interior de la 50° Comisaría de San Joaquín.
Esto por posibles irregularidades en las cuales estarían involucrados algunos funcionarios de dicha unidad policial.
El general Enrique Bassaletti explicó que “son faltas que tienen que ver con procedimientos que no se han ejecutado con las rigurosidades, con los procedimientos establecidos y que dan lugar a esta sospecha del mando de la unidad que después junta una circunstancia con otra y que le permiten dar las cuentas administrativas y judiciales con objeto que se investiguen”. 2018
Según trascendió una de las aristas que se estarían investigando en este caso sería un presunto pago irregular a funcionarios policiales por parte de una empresa dedicada al retiro de vehículos.
“Al rededor de 10 personas están siendo sometidas a investigación, lo cual no quiere decir que estas personas tengan algún grado de responsabilidad sobre estos hechos”, añadió Bassaletti.
El general no ahondó respecto a la indagatoria interna, pero sí señaló que “el cuestionamiento es un reproche interno, aquí al menos hay fallas administrativas graves y ya veremos si hay responsabilidades de mayor envergadura”.
Los antecedentes de esta indagatoria fueron dados a la justicia civil y militar por parte de Carabineros.
Consultado por este presunto pago a efectivos policiales, Bassaletti indicó que “es una arista que está en materia de poderla precisar. Pero no hay una denuncia, no hay nada concreto”.
Gobierno pide que se aplique el máximo rigor de la ley
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió a este hecho, indicando que “esto surge a partir de una denuncia que hace el propio prefecto de la comisaria de San Joaquín. A partir de esa denuncia se inicia el procedimiento interno que corresponde, que es la investigación sumaria y la información al fiscal militar”.
Agregó que “hoy hable con el general Director, me informó al detalle de esta situación y, por supuesto, esto está en manos tanto de la investigación administrativa como de la fiscalía militar, para esclarecer los hechos”.
Dijo, además, que se verificarse la situación “lo condenamos profundamente”. “El gran patrimonio que tienen nuestras instituciones policiales es su credibilidad, por lo cual si se determina que hay responsabilidades de cohecho o de otro tipo se debe aplicar el máximo rigor de la ley”, concluyó.
La Tercera/Agencias
