“A un año del 18-0: El camino democrático e institucional de Chile”. De esta manera se titula un documento que envió esta tarde el canciller Andrés Allamand a los todos los embajadores chilenos en el exterior.
Esto, con el objetivo de alinear el discurso hacia el extranjero y hacer una especie de control de daños para contribuir a mejorar la imagen país de Chile, la que se ha visto fuertemente golpeada luego del estallido social del año pasado a raíz de episodios de violencia y debido a las múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados.
Así, a dos días de la conmemoración del 18-0, el documento de diez páginas que envió Allamand que parte señalando que “hace un año, en octubre de 2019, Chile vivió un estallido social. Tal estallido mezcló dos elementos: Inusitada y desconocida violencia, cuya más clara expresión fue la destrucción de varias estaciones y carros del Metro en Santiago y manifestaciones de protesta pacíficas, que en algunos casos fueron multitudinarias”.
Y agrega: “El estallido evolucionó hacia una crisis política, que se encauzó a través de un acuerdo, a requerimiento del Presidente de la República, Sebastián Piñera, alcanzado por todas las fuerzas políticas -con la sola excepción del Partido Comunista- para convocar a un plebiscito y redactar una nueva Constitución”.
En el documento se destaca que “a un año del estallido, Chile ha recuperado su normalidad –aunque deberá seguir trabajando para controlar, con estricto apego a la ley, a grupos violentistas- y se apresta a enfrentar sus próximos desafíos”. Dentro de esos, menciona que se debe “avanzar hacia una democracia más fuerte, caracterizada por una alta participación ciudadana y el respeto a sus instituciones. Promover una sociedad más integrada, con plena incorporación de sus sectores más vulnerables y pueblos originarios. Impulsar una economía más inclusiva, con menores desigualdades y mayor equidad en las oportunidades”.
Y añade: “Lograr una integración al mundo más completa, acentuando aún más sus contribuciones permanentes a la comunidad internacional. Durante los últimos 30 años Chile ha logrado una bien ganada reputación en el mundo por su trayectoria de progreso basada en la energía de su democracia, la resiliencia de su gente, el cumplimiento de sus compromisos, la seriedad de sus políticas públicas, la solidez de sus instituciones y el respeto al estado de derecho. Todos esos factores están presentes en el Chile de hoy y son la base de su proyección al futuro”.
Así, en el texto se destaca que “cabe recordar que Chile recuperó su democracia en 1990, tres décadas atrás. A contar de ese momento, una gran transformación tuvo lugar en el país. La más importante de todas fue la reducción de la pobreza. A su vez, los indicadores de desarrollo humano aumentaron significativamente. Incluso, la desigualdad -uno de los rasgos más persistentes de los países de América Latina- disminuyó ostensiblemente”.
En el documento, además, se indica que muchos se sorprendieron cuando Chile comenzó a registrar los episodios de violencia y reconoce que “no hay duda que en ese fenómeno influyeron factores tales como la mala distribución del ingreso, las bajas pensiones y las deficiencias del sistema de salud público. Sin embargo, no se ha reparado que incluso los países de trayectoria exitosa no son inmunes a la protesta social”.
De igual manera, se destaca que Chile optó por el camino democrático y que “de hecho, The Economist que definió al 2019 como el año de ´retroceso democrático y protesta popular´, elevó la clasificación de Chile en su Índice Democrático al nivel de ´democracia plena´, ubicando al país en el lugar 21 del mundo, inmediatamente por debajo de Francia y arriba de Portugal”.
“A fines de octubre está previsto un plebiscito que puede dar origen a una Convención encargada de redactar una nueva Constitución. De lo contrario, el cambio constitucional deberá tener lugar en el Congreso Nacional. En todo caso: La Convención no podrá invadir, como ha ocurrido en otros países de la región, las competencias de otros poderes del Estado. La Convención deberá adoptar sus acuerdos por 2/3 de sus miembros lo que obliga a alcanzar entendimientos de amplia mayoría. La Convención deberá respetar los tratados internacionales adoptados por Chile, incluyendo derechos humanos y aspectos económicos, tales como el resguardo a las inversiones extranjeras. Al mismo tiempo, durante el 2021 se elegirán autoridades en todos los niveles: gobiernos locales, regionales y nacionales. La elección presidencial está prevista para noviembre y el eventual ballotage para diciembre. El desafío de Chile es encauzar su proceso político en un ambiente de normalidad y paz social”, agrega.
De todas formas, reconoce que “el factor de mayor complejidad en el actual escenario es el resurgimiento de la violencia a partir de grupos organizados que perpetran acciones terroristas -como ocurre en el sur del país- y de la acción de grupos cuyo propósito es afectar el normal funcionamiento de actividades nacionales. El propósito aparente de tales grupos es intentar alterar el itinerario democrático que el país se ha fijado y su control es hoy un factor clave para la normalidad del mismo”.
El documento del canciller se envía, además, previamente a que el Presidente Piñera haga el balance por el 18-0. En el Ejecutivo afirman que ha habido debate respecto al día en que el Mandatario hará su alocución, sobre la conveniencia de hacerlo antes o después. En Palacio hay quienes creen que es mejor hacerlo posterior al 18-0 para ver si es que ocurren incidentes durante la jornada. (La Tercera)
