A pesar del 4 por ciento de crecimiento del PIB en 2018 y del 4,7 por ciento de aumento de la inversión (después de cuatro años de caída), no todos están satisfechos con el comportamiento de la economía. No lo están, entre otras cosas, porque el aumento de la inversión el año pasado fue menor a la anticipada y porque la reactivación observada podría resultar ser insostenible.
Chile ha crecido históricamente transpirando, es decir, como resultado de la acumulación de factores (capital y trabajo). El aporte de los cambios en la productividad ha sido menor. Lo anterior sugiere que, en el mediano plazo, el país tenderá a crecer a tasas significativamente superiores a aquellas de los países desarrollados -el objetivo oficial-, solo si mantiene una tasa de inversión elevada, dado que la contribución del trabajo depende en buena medida de factores demográficos y culturales más bien estables.
El notorio quiebre positivo experimentado en la evolución de la inversión en 2018 fue el resultado del cambio de expectativas asociado al nuevo gobierno. La tarea es no defraudarlas. Para ello, el gobierno está proponiendo, entre otras medidas, (1) un proyecto de reforma tributaria que incentive la inversión y (2) una gran cantidad de cambios regulatorios y de operación tendientes a facilitar la misma.
Estas últimas medidas regulatorias -empujadas con urgencia y vigor- pueden jugar un importante papel en la mantención de una alta tasa de inversión en Chile. Sin embargo, no han recibido, al menos públicamente, la atención que merecen. Las propuestas del gobierno se han traducido -entre otras cosas- en la creación, por decreto, de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que pretende facilitar y centralizar trámites; en el desarrollo del sistema unificado de permisos SUPER (hoy existen 400 de estos permisos con los que tienen que cumplir los inversionistas, lo que demora la aprobación de proyectos grandes en unos cuatro años y medio); y en proyectos de ley (uno ya en trámite), que reducen las incertezas jurídicas, rebajan la burocracia y los plazos de los trámites, derogan regulaciones obsoletas, en desuso o caducas, etc.
Para ser bien evaluado, este gobierno deberá al menos mantener la tasa de crecimiento del año pasado. ¿Podrán las autoridades caminar y mascar chicle al mismo tiempo? Es decir, ¿le podrán y querrán prestar similar y simultánea atención a la reforma tributaria y a la racionalización del conjunto de medidas regulatorias -a menudo kafkianas- que están desincentivando la inversión en Chile? Dado que el cambio tributario puede demorarse, será la rápida, completa y efectiva implementación de las reformas regulatorias y de operación propuestas por el Ministerio de Economía, la que podría hacer posible el cumplimiento del objetivo oficial de crecimiento.
La Tercera/Agencias
