La opción de que las comunidades indígenas puedan arrendar sus tierras hasta por 25 años sin perder la propiedad sobre ellas, lo que regularizaría una situación que actualmente ocurre de manera informal, sería una de las preguntas que podría ser incluida en el proceso de consulta que realizará el Ejecutivo a partir de mayo para realizar cambios a la Ley 19.253, conocida como Ley Indígena.
El procedimiento, que según fuentes gubernamentales se extenderá a lo menos por seis meses, se hará en todo Chile dado que involucra a los nueve pueblos originarios reconocidos en dicha ley.
Ayer, en Temuco, en su vigésima visita a La Araucanía desde que asumió el cargo, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, declaró a un diario electrónico de la zona que dentro del conjunto de «sugerencias de cambios legales» que ha planteado el Gobierno «queremos partir en mayo, con la Ley Indígena», agregando que las modificaciones se orientan «a potenciar la ley, mantener lo bueno y hacer correcciones».
Aunque Moreno descartó profundizar sobre este proceso, dado que está recién en preparación, fuentes del oficialismo señalaron que una de las materias que el Gobierno ha conversado con actores locales desde el año pasado y que podría ser sometida a la opinión de quienes se reconocen como indígenas es la posibilidad de que los miembros de una comunidad que recibió un terreno puedan optar por acceder a títulos individuales para cada uno de ellos.
Otro de los temas que podría ser consultado, y que habría sido planteado como una limitante por parte de las propias comunidades beneficiarias de tierras, es el impedimento de subdividirlas en superficies que sean menores a tres hectáreas, lo que ha generado problemas de herencia y de acceso a subsidios.
Un cuarto tema que ha sido señalado de manera recurrente como elemento que requeriría corrección es la forma de acreditar la calidad de indígena de quien la reclama y sus consiguientes beneficios. Actualmente, solo basta con expresar, sin documentación alguna, que se tiene pertenencia a uno de los nueve pueblos originarios reconocidos por la ley (mapuche, aimara, diaguita, quechua, atacameño, colla, kawésqar, rapanuí o yagán) para ser considerado como tal.
En esa misma línea, otro de los asuntos que también podría ser parte de la consulta, es la falta de requisitos y el bajo número de personas consideradas para la creación de comunidades. Eso, se indica, ha significado la proliferación de comunidades, divisiones y conflictos entre ellas.
En lo que resta de marzo y durante abril, el énfasis del Gobierno será «conversar y conversar», según afirman desde el ministerio, con organizaciones indígenas, parlamentarios y actores sociales, para definir los temas sometidos a consulta.
Esta será regulada por el Decreto Supremo 66 -que corresponde al reglamento que fue aprobado durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera-, el cual define cómo se efectúan estos procesos. (El Mercurio)
