Aunque los últimos quince días no han sido ni buenos ni fáciles para la Presidenta Michelle Bachelet –con el fracaso de la ley exprés; haber tenido que sacar a una de sus ministras más cercanas, Javiera Blanco, de la cartera de Justicia; y la soledad política en que se le vio desde la noche de los magros resultados electorales que obtuvo el oficialismo en los comicios municipales, entre otros conflictos que ha enfrentado–, lo cierto es que la Mandataria, acorde a su estilo y reconocida tozudez, abiertamente optó por dilatar los aspectos medulares de un cambio en los elencos gubernamentales, que han demandado a viva voz desde la Nueva Mayoría y frontalmente la DC, precisamente para no ser ni parecer pauteada por las huestes oficialistas.
“Sí, hay un plazo que es pronto, durante noviembre (…) hay personas que quieren ser candidatos en distintos cargos de Gobierno, y en esos casos tendremos que reemplazarlos por otros”, sentenció Bachelet en una entrevista que publicó ayer la revista Capital.
La conversación se realizó el martes en el despacho presidencial, cuando la Nueva Mayoría ya había brillado por su ausencia el domingo en La Moneda para el recuento de votos, cuando ya se había cancelado el habitual comité político del lunes con los partidos oficialistas y, especialmente, después que fuese público que la DC había golpeado la mesa, congelando su asistencia a las reuniones de Palacio y presionando públicamente para que se llevara a cabo un cambio de gabinete, especialmente en la tríada de ministros de La Moneda que ha sido duramente cuestionada por su evidente debilidad y falta de peso político para manejar a un conglomerado que, el último tiempo, ha empezado a pasar las facturas a su propio Gobierno.
Por lo mismo, las palabras de la Mandataria tenían un sentido y una razón de ser, tal como se escuchó comentar en su entorno más cercano, que eran el fiel reflejo de lo que estaba pensando y sintiendo Bachelet.
En La Moneda en estos días reconocen que la Presidenta no quiere cambiar a su comité político, integrado por el ministro del Interior, Mario Fernández (DC), de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre (PPD), y el vocero, Marcelo Díaz (PS). “Se resiste”, precisó un alto funcionario de Palacio, no solo por no compartir el crudo diagnóstico que hace la Nueva Mayoría –desde el Congreso y en los partidos– del desempeño de su equipo, sino por el papel que juegan más allá de sus funciones legales.
Eyzaguirre es un elemento clave para la Mandataria, una suerte de guardián programático, hombre de toda su confianza, que tiene línea directa con ella y con quien conversa y consulta diversos temas. Fernández no le hace gallitos públicos ni es un foco de conflictos para ella, como sí sucedió permanentemente con su antecesor, Jorge Burgos (DC); dicen que la Presidenta lo tiene en alta estima, que Ana Lya Uriarte, su poderosa jefa de gabinete, tiene una excelente relación con la autoridad DC y comparte la visión de Bachelet de que las encuestas no muestran la realidad del verdadero apoyo a su Gobierno y que están manejadas políticamente para crear cierto clima adverso.
En el seno del Gobierno explicaron que, efectivamente, “esa era la decisión”, hacer el cambio de gabinete lo más cerca del 19 y lo más distante de los últimos 15 días, para que la Presidenta no quedara doblegada ni pauteada por los partidos de la coalición, con los cuales desde la campaña ha tenido una relación que oscila entre la distancia y la tensión.
En los análisis y reuniones internas desde la noche de las elecciones –explicaron en La Moneda– se le hizo ver a la Presidenta que no tenía espacio para seguir negándose al ajuste, que si bien estos días había sido públicamente la DC la que la había enfrentado, luego sería la Nueva Mayoría completa la que lo haría, un escenario demasiado adverso para un Gobierno que tiene solo el 15% de apoyo en las encuestas. El diagnóstico no le cayó nada bien a la Mandataria, según confesaron en Palacio, más aún cuando este implicaba que quedaba irremediablemente circunscrita, sí o sí, a tener que hacer ajustes que no quería.
Así, el cambio de seis subsecretarios y dos jefes de servicio que anunció La Moneda –vía comunicado– fue una señal política que descomprimió el ambiente en la Nueva Mayoría, porque efectivamente dicho ajuste estaba pendiente desde diciembre, y mes a mes, semana tras semanas, era habitual escuchar en distintas esferas gubernamentales que ese día sí se haría el cambio, pero al final nunca se concretaba.
Con ello, la Presidenta redujo la presión sobre el Ejecutivo y ganó espacio de maniobra más allá del viaje a Colombia para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a la que parte hoy temprano hasta el domingo, para poder precisamente estirar el elástico del cambio de gabinete lo más cerca posible de la fecha legal límite para que renuncien las autoridades que postularán al Congreso el próximo año, esto es, el 19 de noviembre.
En el seno del Gobierno explicaron que, efectivamente, “esa era la decisión”, hacer el cambio de gabinete lo más cerca del 19 y lo más distante de los últimos 15 días, para que la Presidenta no quedara doblegada ni pauteada por los partidos de la coalición, con los cuales desde la campaña ha tenido una relación que oscila entre la distancia y la tensión.
En el seno de La Moneda y en la Nueva Mayoría no todos comparten esta estrategia del goteo y la dilación, porque se incurre –explicaron algunos inquilinos de Palacio– en el mismo error de siempre: no solucionar los problemas inmediatamente, de cuajo, rápidamente y demorar la toma de decisiones un tiempo innecesario, en el que se deja espacio a la excesiva especulación, razón por la cual, cuando se ejecutan finalmente las resoluciones, estas ya perdieron el efecto que se quería.
Tanto el cambio de subsecretarios y jefes de servicio del miércoles, como la definición del ajuste de intendentes y gobernadores ha sido liderada y monitoreada por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS). Inicialmente se suponía que los cambios en las autoridades regionales serían anunciados ayer en la tarde a más tardar, pero este se atrasó por unos días, sin fecha precisa, por el necesario proceso de ajustar los equilibrios políticos, la búsqueda de nombres y el chequeo de antecedentes.
Pero que Aleuy esté a la cabeza de estos ajustes es una buena señal para muchos en el oficialismo, porque implica que la autoridad socialista logró “imponerse” al círculo de hierro de la Presidenta, aquel que componen Uriarte y el asesor de contenidos de la Mandataria, Pedro Güell, el mismo al que transversalmente acusan en el Gobierno, La Moneda y la Nueva Mayoría de tener a Bachelet “encastillada” y aislada políticamente.
El Mostrador/Agencias
