Con 21 votos a favor, 118 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó en general el proyecto que buscaba prorrogar la entrada en vigencia de la Ley de la Jibia, que regula la pesca del calamar y elimina el método de arrastre como modalidad de extracción.
La normativa, que tras el rechazo de los legisladores entrará en vigencia esta semana tal como estaba estipulado cuando se promulgó en enero de este año, permite a los pescadores artesanales la explotación exclusiva de este recurso marino.
La Ley de la Jibia ha sido resistida por parte del sector industrial ya que regula la extracción del calamar favoreciendo los métodos artesanales estableciendo la pesca potera como único sistema para capturar el recurso.
Un grupo de diputados presentaron una moción para prorrogar su entrada en vigencia por dos años. Dicha moción fue respaldada por el Gobierno y, de hecho, el Ejecutivo le puso urgencia.
Los legisladores que la impulsaron fueron Bernardo Berger (RN), Sergio Bobadilla (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Leopoldo Pérez (RN) y Francisca Undurraga (Evópoli), junto a los legisladores de oposición, Loreto Carvajal (PPD), José Miguel Ortiz (DC) y Gastón Saavedra (PS).
De esta manera, y ya que se rechazó la idea de legislar, el proyecto no podrá avanzar en su trámite legislativo y la Ley en cuestión entrará en vigor el 16 de agosto.
Cabe destacar que los diputados que se abstuvieron fueron Patricio Melero, Bernardo Berger -que era uno de los autores de la moción-, Jorge Rathgeb, y Javier Macaya.
ASIPES
La Asociación Industrial Pesqueros (Asipes), gremio que agrupa a pescadores industriales lanzó una dura crítica a los diputados, indicando que les sorprendía «como el parlamento no tiene interés por entender la realidad operacional de la pesca industrial», e incluso los acusaron de estar «destruyendo a la pesca industrial».
«Es impactante la comprobación del ánimo del parlamento de buscar corregir los asuntos del país pesquero destruyendo a la pesca industrial y no escuchando argumentos técnicos que indican que los dramáticos problemas del país pesquero no pasan por privilegiar a la pesca artesanal y calificando a quienes nos desempeñamos en la industria como trabajadores de segunda clase, sin derechos y sin posibilidad de defensa», dijeron.
Además, apuntaron a la cantidad de empleos que se podrían perder tras la entrada en vigencia de la ley que regulará la pesca del calamar y eliminará el método de arrastre como modalidad de extracción, insistiendo en que la solución planteada por el Gobierno «no sirve».
«Queremos insistir que la solución planteada por el Gobierno para las 1.700 familias que perderán su trabajo, a través de una Plataforma Social no sirve, porque es un arreglo inviable para estas familias», lamentaron.
«Hay que recordar -continuaron- que un trabajador embarcado tiene una renta aproximada de $1 millón y una trabajadora de planta $650 mil. Ambos son operarios altamente calificados, de edades superiores al promedio y con necesidades económicas de familias de clase media, por ende, un programa de auxilio económico y capacitaciones para oficios básicos es una solución irreal y que confirma el desconocimiento de las autoridades sobre mundo laboral de la pesca industrial».
Por último, desde la Asipes apuntaron directamente a los diputados de la región del Biobio y de otras zonas pesqueras como Talcahuano y Coronel, diciendo que ellos «tienen directa responsabilidad en la pérdida de estos empleos de calidad y de fortalecer la precariedad de la pesca artesanal y extender indefinidamente los graves problemas sociales de este sector».
Desde el Gobierno el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, no descartó que volvieran a insistir presentando un proyecto desde el Senado, para así lograr «prolongar el tiempo de adaptación para que cuando la ley entre en vigencia estuviera bien preparado el sector pesquero de manera de evitar el desempleo que de otra manera se puede provocar».
SONAPESCA
Sonapesca -gremio que agrupa a pescadores industriales- lamentó la decisión adoptada por los parlamentarios. «Chile perdió. Es lamentable. Se dijeron muchas cosas que no son ciertas. Entrará en vigencia una ley con pocos fundamentos técnicos y prevemos que tendrá un enorme impacto en el mercado internacional y que el principal afectado de esta ley será Chile. Porque el sector industrial dejará de pescar su cuota y otros países explotarán el recurso», indicó el gerente general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo.
Apuntó a que la entrada en vigencia de esta ley -la cual está fijada para la próxima semana- «destruirá empleos de calidad» y afectará a «un número importante de Pymes artesanales y empresas del sector industrial».
Bacigalupo también aseguró que ya se están viendo los primeros «efectos negativos» tras la aprobación de la Ley de la Jibia, la cual habría provocado «el cierre de plantas procesadoras y Pymes, y en consecuencia, la pérdida de la fuente de ingresos de cientos de familias. Creemos que los impactos económicos negativos aumentarán con el paso del tiempo».
Otra de las críticas que realizaron desde Sonapesca estuvo dirigida a la poca capacidad que tendrían los pescadores artesanales para poder cumplir con la cuota de extracción a la que tiene derecho Chile, y la que conllevaría que durante los próximos años se disminuyera la cantidad a la que puedan acceder.
«Hoy el sector artesanal ha extraído solo el 3% de la cuota a la que tiene derecho y como esta nueva ley no permite ni el arrastre de media agua ni el cerco para su captura, la ORP debiera asignarle a Chile menores cuotas de pesca para este recurso».
Por último indicaron que «es lamentable que para rechazar la prórroga de esta ley se indique que es una norma que persigue la sustentabilidad del recurso y no valore ni reconozca los esfuerzos que el sector industrial sí ha hecho en la materia: no solo redujimos drásticamente nuestra flota; también modificamos nuestras redes de pesca, lo que contribuyó a disminuir la pesca acompañante y la huella de carbono; también hemos certificado internacionalmente seis pesquerías, entre ellas la del jurel; y llevamos tres años reciclando redes para con ellas crear otros productos».
PESCADORES ARTESANALES CELEBRAN
Al contrario del sector industrial, los pescadores artesanales celebraron la decisión adoptada por los diputados, pues la ley les permite la explotación exclusiva de este calamar.
«Hoy el Congreso reafirmó que las malas prácticas, como el arrastre, no pueden hipotecar el futuro de la Jibia y de ningún recurso pesquero de Chile», puntualizó el dirigente de la Coordinadora Nacional de Jibieros, Pascual Aguilera.
Por su parte, Miguel Ángel Hernández y David Castro, de la Coordinadora Nacional de Jibieros, sostuvieron que «la codicia de la industria no tiene límites, porque el uso de la pesca de arrastre es pan para hoy y hambre para mañana. Si tanto les interesa el recurso, ¿por qué no le compran la jibia a los artesanales para su procesamiento? Esa es la señal que espera el país de empresas que quieren aportar al desarrollo«. Finalmente, los dirigentes sostuvieron que este «es un gran triunfo para el pueblo artesanal, hoy estamos más unidos que nunca, hoy por la Jibia y mañana por el fin de la Ley de Pesca». (Emol)
