La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la indicación del Ejecutivo que buscaba extender la denominada “norma de amarre” de dos a cinco años de antigüedad. La propuesta del Gobierno solo contó con el respaldo de las parlamentarias del Frente Amplio, Camila Rojas y Gael Yeomans, lo que derivó en que el proyecto mantenga el requisito original de dos años para que los funcionarios públicos puedan reclamar ante la Contraloría General de la República.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que, pese a este revés en la indicación específica, la instancia logró aprobar más de 90 artículos del proyecto de reajuste. El secretario de Estado valoró el avance de la iniciativa en democracia y subrayó que el texto final busca capturar diversos puntos de vista para generar un progreso real en las condiciones laborales de quienes se desempeñan en el aparato estatal.
Desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (RN) calificó como inaceptable la insistencia del Gobierno en un criterio que ya había sido cuestionado por la contralora Dorothy Pérez. Según el parlamentario, no se logró un acuerdo que reflejara las necesidades técnicas del sistema público, lamentando que se intente modificar la condición laboral de los trabajadores mediante una ley miscelánea de forma superficial.
Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) criticó la falta de cohesión en el oficialismo, señalando que la propia izquierda desahució la propuesta del ministro Grau al no apoyar la extensión del plazo. Schalper advirtió que al retornar al texto original de dos años, se establece un mecanismo de protección o “amarre” más intenso que el sugerido por el Gobierno y que incluso innova respecto a los criterios previos de la Corte Suprema.
Con este resultado, el proyecto de ley de reajuste continúa su trámite legislativo manteniendo el estándar de dos años de antigüedad como base para la confianza legítima. La discusión ahora se trasladará a la sala, donde se espera que la oposición mantenga sus reparos técnicos frente a una normativa que, a su juicio, afecta la flexibilidad y la probidad en la gestión de los recursos humanos del Estado. (NP-Gemini-Emol)