La Comisión de Educación de la Cámara continuó votando este miércoles el proyecto de ley que suspendía el cobro de aranceles en la educación superior, pero que ayer fue modificado, descartando esta idea y reemplazándola por la obligación de que todas las instituciones diseñen planes de apoyo para los estudiantes golpeados por la crisis del coronavirus.
Esa modificación descomprimió a las universidades, que veían la suspensión de cobros como una amenaza a sus finanzas. Pero ahora la presión está sobre el Mineduc, pues en la sesión de hoy los diputados aprobaron una indicación del mismo proyecto, que fuerza a las autoridades a reabrir el proceso de postulación a los beneficios estudiantiles.
La propuesta, que fue presentada por siete diputados de oposición, dice que este nuevo proceso para acceder a la gratuidad, becas y créditos será para “los estudiantes que no hayan postulado o accedido a estos beneficios en el período regular y que acrediten una disminución en sus ingresos familiares, como directa consecuencia de las medidas sanitarias o de seguridad interior que hayan sido dictadas por la autoridad”.
El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, informó en la sesión que la reapertura del proceso de postulación le costaría US$ 132 millones al Estado, calculados en base a las proyecciones de desempleo e impacto de la crisis en los 1,2 millones de estudiantes.
“En virtud de la magnitud de este monto, consideramos que esta indicación sería inadmisible, porque tiene una implicancia en la administración financiera del Estado”, dijo Vargas, quien informó que el proceso de postulación estuvo abierto hasta el 27 de marzo, y que quienes hayan postulado hasta esa fecha y no accedieron a los beneficios, pueden apelar si cambió su situación económica.
“Se nos está pidiendo un esfuerzo adicional, pero tiene un costo significativo, que no está consignado de la Ley de Presupuestos 2020”, agregó el subsecretario. Pese a eso, los diputados aprobaron, por siete votos a favor y cinco en contra, la admisibilidad de la indicación y a la mantuvieron en el proyecto.
El diputado Juan Santana (PS), uno de los autores del proyecto, afirmó que la semana pasada se dio más tiempo para que el Ejecutivo pudiera presentar alguna propuesta alternativa a esta indicación, “pensando y pretendiendo que el Gobierno inyecte más recursos a las instituciones”, lo que no ocurrió.
Y el diputado Jaime Bellolio (UDI) argumentó en contra de la admisibilidad de la indicación, porque requiere el patrocinio del Gobierno, pero afirmó que él y otros parlamentarios solicitaron a las autoridades que apoyen la reapertura del proceso de postulación. “No necesitan una ley, basta con un decreto, para que los estudiantes puedan volver a postular a las becas, créditos y gratuidad. Yo voy a seguir insistiendo en aquello”, dijo.
Los diputados que votaron a favor de la indicación son Camila Rojas (Comunes), Juan Santana (PS), Camila Vallejo (PC), Gonzalo Winter (Convergencia), Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD) y Mario Venegas (DC). Rechazaron la idea los diputados Diego Schalper (RN), Hugo Rey (RN), Jaime Bellolio (UDI), María José Hoffmann (UDI) y José Miguel Castro (RN).
En la sesión, los diputados también aprobaron una indicación del proyecto que permite que, durante 2020, los estudiantes de la educación superior puedan “solicitar la suspensión del año académico con la exención de cargos adicionales en relación con el avance académico semestral”.
En tanto, desecharon otra indicación que establecía que el año académico 2020 no se contabilizaría en el avance curricular que deben lograr los alumnos con gratuidad para mantener ese beneficio. Es decir, en la práctica, se les podría financiar otro año de gratuidad.
Según el subsecretario Vargas, esa idea implicaría un gasto aún mayor, de US$ 200 millones, y afirmó que “asumir que esta nueva modalidad online implicará un retraso en el avance académico, no tiene suficiente sustento”. Finalmente, esta modificación fue votada en contra.
Con el resto de las indicaciones aprobadas, ahora el proyecto pasará a la Comisión de Hacienda de la Cámara. (La Tercera)
