Las últimas dos semanas mostraron los primeros efectos del estallido social en la economía nacional. Caída y volatilidad del peso, números negativos en la actividad económica minera y más malos en la no minera. Un desplome de las ventas, en especial de bienes durables que son los de más valor (autos, departamentos, etc.). Y un doloroso aumento de un 50% de los despidos por necesidad de la empresa.
Las causas de esta caída de la actividad obedecen a una menor oferta y menor demanda. La primera está relacionada uno a uno con la destrucción de infraestructura, saqueos, y la imposibilidad de tener jornadas laborales completas por distintos tipos de alteraciones al orden público.
Por su parte, la caída de la demanda se explica por un aumento de la incertidumbre respecto al futuro. Esta incertidumbre tiene dos vertientes. Primero, la inquietud por el cambio constitucional, las modificaciones al sistema de pensiones y salud, el mayor gasto social que en el corto plazo implica una mayor deuda pública, y de los cambios tributarios de mediano plazo que debemos hacer para financiar el mayor gasto público permanente. Y segundo, y quizás más importante ahora, la incertidumbre que se ha instalado respecto del orden público, la libre movilidad de las personas, y respecto de la propiedad pública y privada.
Ante esta situación, el Banco Central puso sobre la mesa US$ 20 mil millones (10% del producto anual de Chile) para estabilizar el valor del dólar. Mientras que el Ejecutivo, tras negociaciones con el Congreso, aumentó en un 9% el gasto público este año para estimular el empleo y hacerse cargo de las primeras medidas sociales que se adoptarán para responder a las demandas sociales (por ejemplo, el aumento de un 50% de las pensiones básicas solidarias). Pero estas medidas por sí solas, sin que se reestablezca el orden público y se visualice un camino de salida de mediano plazo a las demandas sociales, son insuficientes para cambiar las percepciones, evitar caer en una recesión y tener un próximo año con mayor crecimiento.
El camino para el cambio institucional, políticas sociales como el aumento de la pensión básica solidaria, y el acuerdo tributario que implica una mayor recaudación fiscal ahora, y que considera el compromiso de estudiar nuevos ajustes para aumentar más la recaudación de modo de financiar las nuevas medidas sociales planteadas, hace pensar que se ha entendido el mensaje de la ciudadanía y se está actuando en consecuencia.
Pero al parecer todavía existe incredulidad sobre si realmente se quiere terminar con las injusticias sociales y económicas. Por eso, parte importante de la población sigue apoyando las protestas e incluso entiende que no se respete el orden público. Y esta situación seguirá afectando el empleo y los salarios, tanto en el presente como en los próximos trimestres, por el impacto que esta tiene en la inversión.
Para encontrar un camino de salida, es importante que nuestras instituciones entreguen claridad respecto de qué se puede modificar para que el país pueda resolver los problemas sociales que tenemos. Y es importante que los empresarios, en particular los más grandes, entiendan no solamente la relevancia de resolver estos problemas sociales, sino también de que deben aportar más para la solución.
Como ciudadanos, también podemos y debemos contribuir: entendiendo que no todos los problemas se pueden solucionar de una vez y al mismo tiempo, y que algunos deberán posponer sus propias demandas a favor del avance de las y los chilenos más postergados en estos años. El contribuir también debe ser sinónimo de plantear que se debe priorizar y que la falta de orden público solo atrasa la posibilidad de solucionar los problemas sociales. (El Mercurio)
Alejandro Micco
