El próximo martes 11 será un día decisivo para el futuro de Gran Bretaña. El gobierno de Theresa May presentará al Parlamento el acuerdo para el retiro del Reino Unido de la Comunidad Europea. Todo indica, al día de hoy, que tiene muy pocas probabilidades de ser aprobado por los Comunes.
Hace unos días presencié un debate sobre el tema en la Cámara de los Lores. Tras una larga discusión, ilustrada y razonada, el único consenso que parecía existir transversalmente era que la situación de Gran Bretaña en esta coyuntura era de una complejidad y complicación abrumadoras y sin una salida clara. El clima predominante era la incertidumbre: ¿Qué sucede en caso de un rechazo? ¿Se produce la tan temida salida disruptiva sin acuerdo que desean los brexiteers más duros? ¿Con qué consecuencias económicas? ¿Se retira el artículo 50, se revierte la situación, y no hay Brexit? ¿Se puede hacer un nuevo referéndum, como exigen ciertos grupos? ¿Y cuál sería el objetivo y cuáles las preguntas? ¿Es razonable interrogar a los votantes sobre un documento que tiene 585 páginas y que la mayoría, por supuesto, no ha leído ni comprende?
Ciertamente el acuerdo no es perfecto, pero May cree que es el único que se puede alcanzar y que ya tiene incorporadas todas las concesiones que Europa está dispuesta a hacer y, en consecuencia, no hay alternativa. Es más, es claramente una transacción que rehúye el juego de suma cero y entiende que en un país dividido sobre un tema tan crucial, ningún lado puede ganarlo todo y el otro perderlo todo.
Sin embargo, nadie parece conforme con el arreglo. Para unos, es Brexit solo en el nombre; para otros, incluidos varios de los propios conservadores, crea una situación peor que la membresía plena, pues dejaría a los británicos igualmente entrampados y sometidos a los dictados de Europa por un tiempo ilimitado, pero sin control sobre sus instituciones, sus leyes y regulaciones. Además, la mejor forma de evitar una frontera dura entre el sur y el norte de Irlanda y de no romper la unidad del Reino es aún un incordio. Los laboristas, por su parte, obviamente lo que más desean es un fracaso del gobierno conservador que obligue a convocar una elección general que pudiera dar el triunfo a Corbyn.
El pecado original fue de Cameron. Al convocar un referéndum para dirimir la relación con Europa renunció a la esencia de la democracia representativa -que ha sido la columna vertebral del sistema constitucional británico desde sus orígenes-, pues abdicó la soberanía y las obligaciones propias del Parlamento, y simplificó un tema de alta complejidad a una ecuación puramente binaria. Así, sometió un cambio constitucional trascendental a una suerte de democracia directa, el cual fue aprobado por una mayoría, pero solo con el 38% del universo total de votantes.
Sabemos que para ello se unieron las más diversas motivaciones: los libertarios anhelantes de forjar tratados de libre comercio con el mundo entero; los nostálgicos de la soberanía nacional sin restricciones; el rechazo a las regulaciones y normas excesivamente burocráticas de Bruselas; las suspicacias contra la idea de una corte europea de justicia que prevalece sobre la justicia nacional; el miedo a la inmigración creciente y sin control; el resentimiento contra una élite educada y cosmopolita que parece ajena a los problemas de quienes no se han beneficiado con la globalización. Todo ello aguijoneado por el populismo.
Gran Bretaña es hoy un país fracturado, profundamente dividido, en el cual se confrontan amigos y miembros de una misma familia. Brexit demuestra que los referendos no son eficaces para resolver problemas complejos que necesitan análisis, discusión, negociación, acuerdos y una evaluación de las consecuencias. Además, producen polarización, exacerban las animosidades y envenenan el lenguaje y las conductas. (El Mercurio)
Lucía Santa Cruz
