“Todas las causas se encuentran terminadas”. Así lo señaló el Ministerio Público, por la arista penal que se abrió cuando se detectó en 2020 que 37 mil de las 437 mil personas que habrían recibido el bono clase media sin cumplir los requisitos, eran funcionarios públicos.
El caso derivó en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) permitiera que se devolvieran los montos, aunque igualmente los antecedentes fueron remitidos al organismo de persecución penal. Lo ocurrido había generado polémica.
“La Fiscalía generó 179 causas con su respectivo RUC (número identificador de causa) para investigar separadamente a igual cantidad de funcionarios públicos que habían solicitado el bono y cuya remuneración oscilaba en el tramo más alto (con tope de $2.000.000) y respecto de quienes existía indicios suficientes de ser procedente un reproche penal, atendido su deber de cuidado y probidad en el acceso a prestaciones del Estado”, respondió a este medio, por escrito y tras una solicitud por Ley de Transparencia, la Fiscalía Regional de Los Lagos, a la que se le asignó la investigación de todos los casos.
De igual forma, el organismo de persecución penal indicó que “con la información enviada por el SII durante la investigación, se determinó que algunos funcionarios habían reintegrado (los fondos) dentro de plazo o bien les correspondía el bono”. Así, de las casi 180 causas que se fueron cerrando en los últimos años, la fiscalía informó que 162 terminaron en archivo provisional, es decir, sin imputado. (El Mercurio)
