«¡Excelente noticia! Ha retirado el Gobierno este proyecto que es nefasto porque no la es la primera vez que se entregan estos regalitos a gente que más que exiliados fueron terroristas. Así que en buena hora que el Gobierno retiró este aguinaldo que se le quería entregar nuevamente a esta gente».
Esas fueron las palabras del diputado Ignacio Urrutia (UDI) que generaron la absoluta molestia de toda la oposición esta mañana en el Congreso. Esta situación derivó en que todos los miembros de la ex Nueva Mayoría, Frente Amplio, independientes e incluso algunos miembros oficialistas, se retiraran en bloque de la Sala.
Además, Urrutia fue encarado por la legisladora Pamela Jiles (PH). Quien se levantó de su escaño, caminó hasta el puesto del UDI y lo interpeló por sus dichos empujándole su silla visiblemente molesta, siendo detenida por otros legisladores.
Asimismo varios diputados comenzaron a levantarse de sus escritorios alegando en contra de los dichos del UDI y a reclamar al presidente de la Cámara, Jaime Mulet (FRVS) que suspendiera la sesión, calificando como «impresentable» sus palabras.
Toda esta situación se generó debido a que en la sesión los diputados se enteraron que el Gobierno retiró el proyecto ingresado por la Presidenta Michelle Bachelet con el que se buscaba indemnizar a las víctimas reconocidas en los informes Valech I y II y que justo ayer había sido aprobado por la comisión de Derechos Humanos, instancia que está integrada, entre otros, por la diputada Jiles.
EL PROYECTO DE LA POLÉMICA
A cinco días de que finalizara su gobierno, la ex Presidenta Michelle Bachelet decidió enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca entregar un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura y que fueron reconocidas por el Estado en las comisiones Valech 1 y 2.
El texto firmado por la ex jefa de Estado establecía que para poder entregar el beneficio se necesitaban $91.000 millones para cubrir los tres años de vigencia del beneficio. La idea era realizar el pago de $3.000.000, en tres cuotas de $1.000.000 cada una, a las cerca de 30.000 personas que estaban en condiciones de recibir el pago.
«Considerando que casi la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos reconocidas por las comisiones de verdad, ya mencionadas, tienen 70 años o más, es relevante que el Estado proteja, en la medida de sus posibilidades, el derecho a una indemnización justa y adecuada para víctimas de prisión política y tortura«, señalaba el proyecto.
No obstante, el texto advertía que «entendemos que los horrores, dolores y pérdidas de las víctimas y sus familias no se solucionan con aportes en dinero. La verdad, la justicia, la reparación y la memoria son lo que las agrupaciones de ex presos políticos piden, y ello abarca más aspectos que un aporte monetario de carácter reparatorio».
«Por lo anterior, el Estado de Chile deberá seguir trabajando en el desarrollo de políticas y programas que avancen en esta línea, para lograr una verdadera reconciliación nacional, con nuestra historia y quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos», se lee en el proyecto.
LA DECISIÓN DE PIÑERA
Si bien la iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ya había advertido que no existen los recursos para poder financiarlo y que sería necesario realizar un estudio para saber su existía la capacidad fiscal para poder sostenerlo.
“Estamos hablando de un gasto mayor que no está previsto en la Ley de Presupuesto, entonces de dónde se saca. El esfuerzo que ha hecho este Gobierno para aumentar la subvención del Sename es la décima parte de esto (…) no es cosa decir por buena voluntad y simpatía ‘sí vamos para delante'», explicó Larraín la semana pasada.
Sin embargo, el secretario de Estado no esperó ningún estudio y el Gobierno decidió retirar la iniciativa sin dar previo aviso a la oposición, generando el inmediato rechazo por parte de la oposición. (Emol)
DIPUTADO URRUTIA
El diputado Ignacio Urrutia (UDI) se refirió escuetamente a sus polémicos dichos que generaron gran tensión esta mañana en la Cámara.
Al ser constantemente consultado sobre si se arrepentía de haber tratado como «terroristas» a las víctimas de delitos de Derechos Humanos durante la dictadura -que a su juicio recibirían un «aguinaldo» con un proyecto que ingresó la ex Presidenta Michelle Bachelet y que hoy fue retirado por el Gobierno-, el parlamentario contestó que «lo que dije en la Cámara, se queda en la Cámara«.
Eso sí, el parlamentario apuntó hacia su par del Partido Humanista, Pamela Jiles, quien lo encaró en medio de la sesión de este jueves. «Estoy extremadamente adolorido de un brazo por el golpe que recibí de la diputada Jiles (…). Estoy sumamente complicado con la agresión que recibí de parte de la diputada Jiles en la Cámara de Diputados adentro«, aseguró Urrutia.
El diputado gremialista señaló que «ella (Jiles) se aprovechó de su género para agredirme. A mí como parlamentario, a mí como hombre, jamás se me habría ocurrido, ni se me pasa por la mente, agredir a una mujer y no lo voy a hacer jamás».
Sin embargo, estas palabras se contradicen con lo dicho más temprano por la parlamentaria aludida quien explicó que tras cruzar toda la Sala visiblemente molesta y empujar por la silla al diputado, sólo pudo increparlo de forma verbal ya que fue sostenida por otros legisladores.
A COMISIÓN DE ÉTICA
En tanto, el diputado Tomás Hirsh, jefe de comité del Partido Humanista, anunció que en la reunión con otros representantes de los partidos se acordó que Urrutia será llevado a la comisión de Ética, donde se evaluarán sanciones en su contra si es que se considera que son pertinentes.
«Ha habido un rechazo unánime a las declaraciones del diputado Urrutia. Hemos acordado, a solicitud nuestra, que no se retire del acta las palabras del diputado Urrutia. Es importante que quede constancia de la brutalidad que ha dicho, porque reflejan la intolerancia y la violencia con que él, y lamentablemente un sector del país todavía, tratan a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura», agregó. (Emol-La Tercera)
