La situación de los militares en retiro sometidos a proceso por casos de derechos humanos alcanza ribetes tan absurdos como insólitos, tales que la sociedad en su conjunto deberá –cuando llegue la hora− asumir su innegable responsabilidad por estos hechos lamentables. Un sector de la judicatura nacional, marcado con un evidente sesgo ideológico, ha puesto en jaque la credibilidad del sistema judicial chileno, descomponiendo día a día el estado de derecho que pretende existir en nuestro país.
El simple conocimiento de la actuación de algunos jueces nos lleva a pensar en la conformación de una verdadera asociación ilícita, al haberse concertado para actuar en conjunto en contra de las normas que rigen el sistema judicial aprobado para todos los chilenos, existiendo claras jerarquías que lo dirigen y un propósito ajeno al espíritu de la Ley misma. Todo ello, en perjuicio de un segmento de la sociedad que no consigue sustraerse de la perversa persecución de que es objeto por estos confabulados vengadores.
Pueden sonar como muy extremas las aseveraciones precedentes, pero ya va siendo bueno que la sociedad chilena reconozca –como siempre tardíamente− que la situación se ha escapado de las manos y comienza a generar peligros para la estabilidad institucional del país. Todo ello, en aras de una supuesta reivindicación justiciera de los grupos “de derechos humanos”.
No es posible que ante los ojos de Chile y el Mundo, se utilicen recursos procesales tan absurdos como la “ficción jurídica” –reconocida públicamente por un juez− para encarcelar a conciudadanos, sea por la razón que sea, puesto que ello expone a cualquier otro compatriota a verse tratado abusivamente en el día de mañana, por alguno de estos magistrados que −tocados por la gracia divina− sienten que su conciencia y sentimientos se encuentran por sobre las normas dispuestas en la Ley.
No existe peor ciego que aquel que no quiere ver, reza el refrán y somos los chilenos quienes −una vez más− dejamos que el abuso escale a niveles inaguantables, exponiéndonos a una crisis de lamentables resultados. Es inaceptable que el mundo del derecho haga vista gorda ante hechos tan vergonzosos como el reconocimiento del ex – ministro Solís o la permanencia en funciones de los ministros de fuero o especiales, cuya existencia fuera expresamente derogada al imponerse el nuevo sistema procesal penal.
Ni hablar de lo que se ha dedicado a hacer en los últimos meses la Corte Suprema de Justicia, donde su Sala Penal ha desconocido reiteradamente las rebajas de pena aplicadas por los tribunales inferiores, tales como: la intachable conducta anterior y la media prescripción, consistente esta última en la reducción gradual de la pena a raíz del tiempo transcurrido. A consecuencia de ello y sin mayor análisis que el escuchar los alegatos de los representantes del Ministerio del Interior, numerosas condenas han sido duplicadas o triplicadas, en perjuicio de los uniformados.
Los ministros supremos desconocen así las conclusiones a que llegaron los jueces después de larguísimas investigaciones, imponiendo criterios abusivos y absurdos que han llevado injustamente a la cárcel a numerosos soldados, marinos, aviadores, carabineros y policías.
Según la Constitución Política del Estado, todos los chilenos somos iguales, excepto los militares, a los que este grupo de magistrados se da el gusto de mantener privados de libertad por largos meses, castigándolos injusta y abusivamente con una prisión preventiva que ningún otro chileno podría llegar a recibir, dadas las garantías que le otorga el derecho penal vigente.
No cabe justificación alguna para que un Juez de la República se arrogue atribuciones que no le corresponden y menos para que se sienta dueño de una posición de superioridad moral por encima de la juridicidad que los chilenos se han dado a través de las leyes. No son ellos representantes elegidos por la sociedad, si no que funcionarios de carrera encargados de aplicar estrictamente la Ley que los otros poderes del estado han aprobado en representación del pueblo, estando obligados a dejar de lado sus sentimientos personales y todo tipo de prejuicio.
La actuación de este grupo de jueces pone en severo riesgo a la institucionalidad del país, al violar gravemente el estado de derecho superponiendo su rol al de los demás poderes del estado. Es hora de poner coto a este abuso y recuperar la dignidad del Poder Judicial, hoy mancillada por algunos que se sirven de sus cargos para fines espurios.
El estado de derecho es esencial para la convivencia armónica y pacífica entre los ciudadanos de nuestro país. Cuando éste es vulnerado nos vemos expuestos al caos, a la anarquía y a reacciones extremas como las que se ven en otros países, especialmente si aceptamos que la justicia se siga desbocando sin control, como está ocurriendo hoy en Chile.
