“La política está cada día más rasca”. Con esas palabras un taxista sentenció su veredicto sobre el estado de nuestro debate público. Y pese a que no soy muy amigo de secundar tan categóricas sentencias, la verdad es que no existen muchos argumentos para rebatirlo.
Llevamos ya varias semanas de una polémica entre el gobierno y el Partido Socialista donde, al igual que en varias disputas de otra índole, ya poco importa quien inició la pelea, o incluso quien tenía la razón, todos quieren que ojalá concluya pronto, pero nadie sabe -o quiere- hacer el gesto definitivo que se requiere. En el intertanto se prolonga una situación que ralentiza y deteriora el proceso legislativo, cuya principal víctima siguen siendo los ciudadanos.
Y qué decir de la acusación constitucional contra la ministra Cubillos. Podremos tener serias diferencias con cómo ha conducido su cartera y con los programas que ha intentado implementar; pero de eso no se sigue el configurar de manera artificiosa un requerimiento en su contra, torciendo el sentido y alcance de las causales que establece nuestra Constitución para perseguir las responsabilidades políticas de un ministro.
Entremedio aparecen las sociedades de José Antonio Kast. Confieso que todavía no me hago un juicio definitivo sobre esta situación que tantas explicaciones le han costado al blondo candidato, pero sí una cosa es tan cierta como antigua: hay que tener cuidado con escupir al cielo. Tal como les ocurrió a tantos que pontificaron contra los pecados de la clase política, basta una caída o paso en falso para recordarnos que entre más alto se cae con más fuerza.
Y si todavía fuera poco, el gobierno termina haciendo todo lo posible para resaltar el proyecto de reducción de 40 horas y relevar a la figura de Camila Vallejo, poniéndose en una posición insostenible. Al final, no sé cuál de las alternativas es peor para el Ejecutivo: o vetar el proyecto, para lo cual requeriría de un coraje que no le hemos visto; o termina llevando esta iniciativa al Tribunal Constitucional, haciendo más gravoso el hecho de cómo ha dejado tramitar y aprobar iniciativas cuya inconstitucionalidad resulta mucho más evidente o grosera.
Suma y sigue. Cada día se acrecienta el desprestigio de la política y se hace cada vez más evidente su imposibilidad de conducir y aquilatar el debate público, al punto que los ciudadanos sienten que la solución de sus problemas no pasa por lo que puedan decir o hacer los dirigentes políticos. Y volviendo al taxista, me encantaría rebatirlo, pero se nos están acabando las razones. Es verdad que nuestro debate es mediocre e irrelevante en muchas ocasiones. Pero lo peor es que sus principales protagonistas no puedan ver lo que sí perciben los ciudadanos. (La Tercera)
Jorge Navarrete
