El equilibrio alcanzado por las sociedades occidentales, producto de un conjunto de valores, normas e instituciones que distribuyen el poder, legitiman su ejercicio y regulan las relaciones entre las personas, está en crisis. Es difícil discernir si se trata de un momento de ajuste o de un cambio de época, tal vez en el futuro los historiadores verán en la caída del muro de Berlín o de las torres gemelas un equivalente a la toma de la bastilla.
Pero, aún en la confusión y desconcierto en que nos movemos, no podemos ignorar que seguimos siendo individuos de nuestra era, que los únicos puntos de referencia probados que conocemos son los de la racionalidad que proveen las instituciones, la dignidad de los seres humanos y los principios básicos de cualquier orden social civilizado que llamamos estado de derecho, con sus garantías sustantivas y procesales.
Si el futuro traerá algo mejor sobre lo que construir las relaciones sociales es algo que los actuales inquilinos del planeta no alcanzaremos a ver y, desde luego, estoy convencido que no vendrá del creciente ambiente de irracionalidad, populismo y emocionalidad colectiva, sino cuando más como reacción a los excesos que nos puede llevar el camino que transitamos.
La inquisición que vivimos a diario, alimentada por las redes sociales y servida en el banquete de la irresponsabilidad por la mayoría de los medios de comunicación, erosiona cada uno de los pilares que hace posible el tipo de vida al que aspiramos: la diputada Vallejos dice que los economistas no saben lo que pasa en las familias; otros hablan de una suerte de autoritarismo de los datos; un parlamentario cree y expresa que su propósito es hacer el ridículo, porque eso lo humaniza; lo que es aceptable y lo que no, ya no está demarcado por la ley, sino por los prejuicios imperantes.
Un reportaje periodístico descubrió que la familia de José Antonio Kast, inmigrantes, emprendedores exitosos, al parecer de un patrimonio importante, constituyeron algunas sociedades en Panamá como vehículo para invertir en el extranjero. ¿Se trata de una conducta ilegal, éticamente reprochable, hay algún fraude descubierto? No, absolutamente nada. Pero el consenso imperante criminalizó constituir una sociedad en un país que no cobra impuesto a la inversión extranjera.
¿Cuál es la reacción del acusado, generalmente frontal y combatiente activo de lo políticamente correcto? Decir: “investiguen a Lavín”. “Por lo mismo cayó Golborne”, se escuchó desde la UDI. Es decir, todos capturados por lo ilógico, jugando en la cancha sin reglas que, en el fondo, criminaliza el mercado.
No puedo evitar parafrasear a Marx: los populistas nos están vendiendo la soga con la que nos ahorcarán. Así no se puede. (La Tercera)
Gonzalo Cordero
