El informe, que fue desclasificado hace más de una década, será difundido hoy, un día después de dictarse nuevos procesamientos en contra de cinco militares en retiro luego de la reapertura del caso que sustancia el ministro Mario Carroza.
Según detalla al diario español Peter Kornbluh, quien es responsable de la investigación en cuestión, el documento será compartido porque existen «abundantes detalles» que podrían servir de apoyo a la acusación. «Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas», dijo.
De acuerdo a los archivos confidenciales, agrega el diario El País, las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el mismo hospital de urgencias adonde fueron transportados los jóvenes, gravemente heridos: Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, quien falleció producto de las graves lesiones.
QUEMADOS EN FORMA DELIBERADA
En un primer cable estadounidense, enviado desde la embajada en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio, dos días después de la muerte de Rojas, se dice ya que el joven fue «quemado de forma deliberada por soldados». Asimismo, agrega que «médicos en la Posta Central afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo».
Éste, identificado como el doctor Guzmán, «escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado» lo que además «impidió que se tomara cualquier declaración legal» a Rojas, agrega.
En un segundo documento, remitido esta vez a la Casa Blanca con fecha de 14 de julio, se advierte de a pesar las declaraciones de testigos que señalan a miembros del Ejército como responsables del ataque, «el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov».
«No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas», especifica el escrito.
En el mismo escenario, el 22 de julio llega otro recuento -de una página- desde Santiago al Departamento de Estado en Washington donde se explica que el informe final de Carabineros concluye que la investigación «indica claramente que los miembros de una unidad militar chilena de patrulla estuvieron involucrados en la quema de los dos jóvenes», aunque solo se identifica a uno de los responsables con nombre.
El documento, además, establece que fue entregado a Pinochet por el director general de Carabineros de la época, Rodolfo Stange, pero el ex general no lo creyó y se negó a recibirlo.
Un mes más tarde, el 27 de agosto, la inteligencia militar estadounidense afirma que el Gobierno chileno «ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos» del crimen.
De este modo, Muñoz sostuvo que esta revelación corrobora las columnas de algunos medios nacionales de la época, donde revelan detalles de la muerte de Rodrigo Rojas y las graves heridas sufridas por Carmen Gloria Quintana, tras ser rociados con bencina y prendidos con fuego por miembros del Ejército.
«Ahí queda muy claro que hubo testigos, vecinos, que vieron todo esto, que contaron la verdad y sin embargo el juez que se hizo cargo del asunto no investigó y acogió 100% la versión trunca, de encubrimiento que le presentó en ese momento la Fiscalía Militar», agregó el jefe diplomático.Respecto a la labor del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de Georgetown, que revisó los documentos, Muñoz dijo que «es gente seria que hace una muy buena investigación, y me alegra que estén haciendo una contribución. Esperamos la verdad, que ahora está en manos de la justicia».
Asimismo, el canciller chileno aclaró que este trabajo consiste en la solicitud de información del Gobierno de EE.UU. con sus distintas reparticiones, incluidas embajadas y agencias de inteligencia, como lo ocurrido en este caso.
«Recordemos que en la época Rodrigo Rojas de Negri era residente permanente de EE.UU., y por lo tanto había un interés directo del gobierno de EE.UU. de interesarse en esta situación, de proteger a un residente permanente, y los que vivimos esa época recordamos al propio embajador de EE.UU. que estuvo presente en su funeral», puntualizó Muñoz.
Por otro lado, y en vista de que en estos momentos el juez Mario Carroza lidera la investigación del caso Quemados en Chile -que en los últimos días ha registrado numerosas detenciones de militares en retiro-, Muñoz expresó la disposición de su ministerio a colaborar en el traslado a nuestro país de los documentos desclasificados.
PEDIRÁN DESCLASIFICACIÓN
