Con el objetivo de incitar la opción Apruebo, muchos políticos y líderes de opinión consideran inadecuado que el Congreso Nacional realice los cambios constitucionales que se necesitan. Debido a que el Congreso es una institución deslegitimada, manchada por intereses privados y por arreglines truchos, piensan que solo la ciudadanía estaría provista de la legitimidad necesaria para impulsar un nuevo texto constitucional.
Aunque son ciertos los defectos que denuncian, esta tesis tiene, a mi juicio, dos problemas. Por una parte, peca de ingenuidad. Pensar que el nuevo órgano constituyente –sea cual sea su composición– estará libre de los problemas que afectan al actual Congreso, desconoce que los partidos políticos jugarán un rol preponderante en la elección de los posibles convencionales –por de pronto, la gran mayoría de los candidatos serán representantes de ellos–, quienes serán elegidos, además, bajo las mismas reglas del actual Congreso. Si usted considera que Carmen Hertz, Florcita Motuda y otros personajes profundizan la falta de legitimidad de la política chilena, ¿qué le hace pensar que no serán elegidas otras personas similares a ellos?
Ello ocurre porque el sistema proporcional D’Hont que rige en Chile, ha permitido el ingreso al Congreso Nacional a grupos y personajes políticos con pocos incentivos para la moderación, causa, a mi juicio, de su falta de legitimidad. Basta con gozar de un poco de popularidad y hablarle intensamente a un grupo minúsculo y extremo del electorado para ser elegido. Luego, para ser fiel a los votantes y asegurar la reelección, deben mantener el mismo tono extremo y disruptivo. De este modo, no solo se polariza el Congreso, sino que se alejan los polos entre sí. La izquierda y la derecha ya no solo se diferencian, sino que se distancian cada vez más. ¿Qué posibilidad hay de llegar a acuerdos y de responder a las demandas ciudadanas en un tablero como ese? El órgano constituyente no estará libre de aquello.
Un segundo problema se refiere a la incomprensión que pesa sobre los representantes políticos respecto de su papel en tiempos de crisis. Aunque parezca contraintuitivo, cuando las instituciones fallan, el deber del político es reafirmarlas y no sustituirlas. Su tarea es, ante todo, interpretar con disposición de escucha las demandas sociales y darles cursos de acción institucionales. Cuando ello no ocurre, es decir, cuando se superan las instituciones, surgen posturas populistas supuestamente capaces de conocer directamente lo que la gente pide. En ese sentido, nuestros políticos deben legitimar al Congreso y no relegarlo a un papel secundario.
Así las cosas, cometen un error aquellos políticos que incitan el Apruebo a costa de la desligitimación del Congreso, pues no solo venden hipócritamente al posible órgano constituyente como una asamblea de ángeles incorruptos, sino que desconocen que son ellos los principales responsables de la desconfianza popular sobre nuestro Congreso Nacional. (La Tercera)
Pablo Valderrama
