En una sesión reservada, la comisión mixta que revisa los cambios al Código Penal en relación a los delitos funcionarios, logró avanzar, pero no con la velocidad que el Gobierno pretende. En concreto, aprobaron un aumento de penas por malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
En el mismo ámbito, el Ejecutivo espera tener aprobado este mes el proyecto que sanciona de mayor manera los delitos de soborno y cohecho, debido a que en julio una delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisará los avances de Chile en probidad y transparencia, luego de diversos casos de corrupción.
Tomando en referencia lo aprobado por la Cámara de Diputados, el Gobierno propuso cambios en algunos puntos, los que fueron aprobados. Por ejemplo, el incremento a cinco años la pena máxima de malversación de caudales públicos y de fraude al fisco, manteniendo un piso de 541 días.
Lo anterior dejó disconforme al senador socialista, Alfonso de Urresti y al diputado del mismo partido, Leonardo Soto. Ambos apuntaron que se deben subir los pisos.
Ante la búsqueda de cárcel efectiva ante condenas por cohecho, el senador del Partido por la Democracia, Felipe Harboe, sostuvo que en esta discusión se debe considerar la proporcionalidad en los delitos. “Vamos aumentando las penas, eso es lo importante”, advirtió.
En tanto, para el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, hay un amplio consenso en la materia, considerando que de 2015 a la fecha, se ha avanzado en tres proyectos con el mismo objetivo.
Pese a que se aprobaron algunos puntos, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, reconoció que en la sesión no se avanzó lo que el Ejecutivo esperaba, pero destacó la voluntad para ver el tema.
En la próxima sesión, la instancia debatirá sobre el aumento de penas y multas para los delitos de negociación incompatible, cohecho, soborno, y cohecho a funcionarios públicos extranjeros.
SE DEBE COMPLEMENTAR
Ante este panorama, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, recomendó que los incrementos en las sanciones se deben complementar con otras medidas.
“Por ejemplo, necesitamos establecer listas negras para empresas que hayan sido penalizadas por estos delitos y que tengan prohibición de contratar con el Estado. No parece razonable que existan reglas y prohibiciones administrativas ante faltas laborales y no desde el punto de vista penal”, advirtió.
Asimismo, aseguró que es relevante abordar los diferentes elementos pendientes en la materia para elevar los estándares de integridad y de probidad en el sector público, sobre todo en materia de conflictos de interés, deberes de abstención, puerta giratoria, y condiciones para realizar la ley de lobby, entre otros. (Bio Bio)
