A partir de octubre de 2019 entramos en una acelerada disolución de los principios comunes sobre los que se puede desarrollar una convivencia armónica. Una clara expresión de esto son las interpretaciones radicalmente opuestas sobre el proceso mismo, para algunos es motivo de alegría y reivindicación ante lo que definen como injusticias estructurales e históricas, para otros -entre los que me cuento- ha significado retroceder décadas frustrando la posibilidad de desarrollo, al punto que hoy parece imposible alcanzarlo en el horizonte de vida de la generación a la que pertenezco.
El mayor símbolo de esta contradicción es el proceso constituyente y su producto final: la propuesta de nueva Constitución. Se suponía que sería una oportunidad de reencuentro, para que la inmensa mayoría coincidiera en esos principios comunes que nos habían dado estabilidad y progreso, pero que tenían la mácula de su instauración en dictadura. Sería -nos prometieron- la oportunidad de escribir la “casa de todos”, incluso muchos se convencieron ingenuamente que las diferencias de fondo eran menores, que lo realmente importante era validar procesalmente un sistema que, en lo sustancial, era común.
Pero los cambios en las reglas del juego institucional, entre ellas el mecanismo electoral, desembocaron en una Convención Constitucional partisana y extrema, en que los dos tercios redactaron un texto refundacional que desconoce las bases de nuestra historia y tradición republicana. Lejos de validar instituciones se eliminaron algunas fundamentales, como el Senado, o se rebajaron al nivel de mero servicio público, como ocurrió con el Poder Judicial, subordinado a un órgano nuevo de claro predominio político, como será el Consejo de la Justicia. Reconozco que me produjo una profunda tristeza ver a la Corte Suprema “agradeciendo” a la Convención que no jubile a buena parte de los jueces; asumo mi ingenuidad, pues en algún momento esperé verla sacar la voz para exigir el respeto a la igualdad ante la ley, a la autonomía y jerarquía de la justicia y al principio indubitado de la unidad jurisdiccional. En fin, así son los tiempos que nos toca vivir.
Ante lo indefendible, algunos sectores de centroizquierda levantaron la tesis de “aprobar para reformar”, un intento de salida digna para justificar lo que es racionalmente injustificable: aprobar una Constitución mala como camino para hacer una buena. Pero el fanatismo tiene sus lógicas, la primera de las cuales es la regla del todo o nada, porque la más mínima concesión es entreguismo, sería incurrir en el pecado mortal del revolucionario: transar. Entonces, en un acto final, la Convención le impuso a la centroizquierda la sumisión incondicional, estableciendo quórums y procedimientos que la hacen inmodificable, una verdadera Constitución pétrea.
Terminó así la ilusión de aprobar para reformar, es todo o nada. Así son las revoluciones. (La Tercera)
Gonzalo Cordero
