En un hito para la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado, la comisión mixta encargada de destrabar la reforma alcanzó un acuerdo unánime para prohibir y sancionar penalmente el espionaje político. La indicación, gestionada originalmente por el diputado Jorge Brito (FA) en conjunto con senadores de Renovación Nacional (RN) y el Ejecutivo, busca blindar la institucionalidad frente a prácticas que intervengan en la deliberación democrática.
El éxito de la medida radicó en una estrategia de colaboración que unió al Frente Amplio con figuras como el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, y el senador Kenneth Pugh. La redacción final, a cargo del Ministerio del Interior, logró conciliar los temores de la izquierda sobre la protección de la vida privada y las reticencias de la derecha respecto al posible mal uso de herramientas intrusivas de investigación.
SANCIONES Y ALCANCE DE LA NUEVA NORMA
La disposición aprobada establece prohibiciones estrictas para todos los funcionarios de los organismos que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Las claves de la enmienda son:
Prohibición absoluta: Se impide ejecutar acciones de inteligencia con fines políticos, partidistas, electorales o de intervención en el debate democrático.
Penas de cárcel: La infracción será sancionada con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (desde 3 años y un día hasta 10 años).
Inhabilitación perpetua: Quien cometa este delito quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos u oficios públicos.
Responsabilidad administrativa: La sanción penal no excluye las responsabilidades civiles y administrativas correspondientes.
FIN A LAS DESCONFIANZAS INSTITUCIONALES
Este avance destraba uno de los puntos más sensibles de la reforma. Mientras el oficialismo temía por las medidas intrusivas de la Fiscalía, la oposición —especialmente el Partido Republicano— manifestaba dudas sobre la discrecionalidad del Gobierno para designar personal afín en cargos estratégicos.
Con la aprobación de esta indicación, que contó incluso con el voto a favor del diputado republicano Luis Sánchez, el proyecto de modernización de inteligencia queda a un paso de concluir su tramitación. El consenso logrado asegura que las herramientas del Estado se enfoquen exclusivamente en la persecución del delito y la seguridad nacional, dejando fuera cualquier asomo de persecución ideológica. (NP_Gemini-La Tercera)