Ante la situación actual del país, tras el estallido social del 18 de octubre, diputados de la bancada de Renovación Nacional (RN) presentaron una agenda denominada «No + abusos» proponiendo la figura del «defensor del pueblo».
Por su parte, la UDI hizo lo propio a través de una minuta a la que accedió Emol, en la cual plantea una serie de medidas para «detener los abusos del Estado» y «fortalecer las relaciones entre privados». Lo anterior, en la antesala de la presentación de la agenda del Gobierno, que la dará a conocer este lunes en La Moneda.
Así, el diputado Sebastián Torrealba destacó que «una de las causas del actual ‘estallido social’, son los constantes abusos de los que son víctimas millones de chilenos día a día. Como diputados RN queremos hacernos cargo de las grandes injusticias que lamentablemente no hemos sabido solucionar y hacer una propuesta con sentido social».
Para ello presentaron una agenda que busca terminar con los «abusos» a los que la ciudadanía, dicen, se ven enfrentados en tres grandes áreas: Estado, consumidores y empresas.
LA AGENDA DE RN
Respecto de las conductas en que supuestamente incurre el Estado, la bancada de RN propuso establecer la figura del «Ombudsman» o defensor del pueblo, que tendría el rol de garantizar que los servicios que otorga cumplan con las normas de eficiencia.
El Sernac tiene a cargo este rol en el caso de abusos a los consumidores, sin embargo, cuando el que incumple es fisco no existe un ente que ponga freno a practicas de ese tipo, afirmaron.
La otra es condonar deuda del CAE (con Crédito con Aval del Estado) a quienes podrían haber accedido a la gratuidad en 2016, cuando se aprobó la ley, pero empezaron a estudiar antes de que entrara en vigencia. Para quienes no entren en esta categoría, y que actualmente mantengan deudas se propone que se les perdonen las multas e intereses adeudados.
Dentro de los «abusos» que el Estado pueda cometer contra los consumidores y que se busca terminar, los parlamentarios de RN, propusieron ocho iniciativas.
1. Renegociar los contratos con las concesionarias de autopistas: Con esto, se quiere suprimir la tarifa diferenciada por horario, establecer el pago por el tramo efectivamente utilizado y condonar las multas e intereses no pagados.
2. En materia de telecomunicaciones se buscará que las empresas de telefonía móvil tengan la obligación de informar la existencia del mismo plan a menor precio
3. Regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito: Al respecto, los diputados explicaron que «hoy cuando se emite un estado de cuenta de una tarjeta de crédito, se incorpora un ‘pago mínimo’. Este cobro da a entender que es un gasto en el que hay que incurrir para evitar multas y amortizar la deuda. Sin embargo, la realidad es que ese pago no necesariamente va a reducir el monto adeudado, sino que va a cubrir intereses, comisiones e impuestos».
4. Extender hasta el 30 de abril el pago del permiso de circulación, ya que «marzo es un mes complicado para la mayoría de los chilenos y el principal afectado es el bolsillo», señalaron.
5. «Perdonazo Dicom» para deudas impagas a contar del 1 de octubre por monto de hasta $3.500.000.
6. Establecer una nueva tasa máxima convencional que incorpore criterios de vulnerabilidad. Esto debido a que «hoy las tasas de interés -como la tasa máxima convencional- se formulan considerando las condiciones del mercado, sin hacer ninguna consideración para las personas», explicaron.
7. Protección a los afiliados a isapres. Lo que los diputados oficialistas buscan es «hacer aplicable la ley de protección al consumidor, la cual podría ser un paso importante».
8. Por último, propusieron que sean los bancos los responsables por los ciberataques ocurridos a los consumidores.
Respecto a los abusos cometidos por parte de las empresas, los legisladores de RN propusieron:
1. Aumentar las penas para delitos económicos, especialmente los relacionados a colusiones, evasión tributaria, cohecho y soborno, por lo que proponen agravar la pena de delitos de colusión a su grado máximo (5 a 10 años); agravar penas a delitos bursátiles, como el uso de información privilegiada, agravar la penalidad a financiamientos irregulares en política y la prescripción en dos años de este delito; que senadores y diputados estén obligados explícitamente a denunciar hechos delictivos sobre los que tengan conocimiento; y la prohibición de que personas condenadas por delitos de corrupción u otra clase tengan cargos directivos o administrativos en empresas que trabajen con el Estado.
2. Establecer «pagos a 30 días real sin letra chica«, prohibiendo que los contratos entre grandes empresas y pymes estipulen el cumplimiento de sus obligaciones más allá de los 30 días efectivos.
3. Por último, los parlamentarios propusieron que en el retail, se pueda acceder a ofertas relacionadas a medios de pagos que impliquen créditos, ofreciendo el mismo descuento pagando también al contado.
LAS MEDIDAS DE LA UDI
«Al momento de analizar la crisis social que ha vivido nuestro país el último mes, podemos hacer varios diagnósticos y determinar distintas causas, pero uno de los elementos transversales y coincidentes es la sensación de abuso e injusticia, enraizada profundamente en el sentir ciudadano«, se señala en la minuta de la directiva gremialista, encabezada por la senadora Jacqueline van Rysselberghe.
Así, con el fin de facilitar, transparentar y mejorar la relación entre las empresas, ya sean estatales o privadas, y los ciudadanos que hacen uso de ellas, la UDI plantea que «el aparataje del Estado es tan responsable como los particulares de una serie de abusos que se cometen a diario».
1. Fortalecer las atribuciones de los principales entes fiscalizadores. Entregar mejores herramientas de control a la FNE, Sernac y Superintendencias.
2. Exigir que el Estado en su totalidad y los municipios paguen a sus proveedores a 30 días igual que lo deben hacer las empresas privadas.
3. Políticas más eficientes de fiscalización a municipios. Hoy se prestan para «múltiples actos de corrupción». Por lo que el desafío está en exigir mayores índices de transparencia y control dichas entidades.
Respecto al sector privado, que «ha sido objeto de duras críticas por malas prácticas y abusos hacia las personas», la colectividad recalcó que «es necesario robustecer las labores de fiscalización y control al que hoy se sujetan».
1. Aumentar las penas para los representantes legales de las personas jurídicas que cometan actos de colusión de bienes y servicios de primera necesidad.
2. Pro-Consumidor: Se sugiere avanzar en reducir posibles problemas de interpretación de la Ley del Consumidor (como el de la elección entre la garantía legal y voluntaria, que hoy ha debido ser resuelta por los tribunales de justicia). Asimismo, se propone detener los abusos que sufren los consumidores en materia de contratación de los servicios. Así, si por ejemplo se quiere contratar un servicio de TV cable e internet por teléfono, «lo lógico es que pueda darlo de baja por el mismo medio», dice la minuta a que accedió este medio.
3. Aumentar sanciones a aquellas empresas que incurran en una falta de servicio especialmente cuando provean bienes y servicios de primera necesidad.(Emol)
