La aspiración de una sociedad debería ser que todos pudiéramos, con el fruto de nuestro esfuerzo, proveernos a nosotros y nuestras familias condiciones de vida digna. Es esa condición la que permite, más allá de tener acceso a bienes y servicios materiales, alcanzar el bienestar espiritual y la plenitud de vida. El logro de ese objetivo, en el cual supongo que todos concordamos, requiere que existan las condiciones para que se generen más y mejores puestos de trabajo, condiciones que lamentablemente en Chile se han debilitado fuertemente en años recientes.
La agenda de reformas laborales del Gobierno, a las cuales se suman las disposiciones que en esta materia ha incorporado la Convención Constitucional, buscan supuestamente mejorar la situación de los trabajadores. Sin embargo, probablemente, sus efectos vayan exactamente en la dirección contraria, debido a que no consideran sus efectos colaterales ni tampoco el contexto en que se quieren implementar.
Primero, producto del deterioro institucional y del fuerte aumento en las tasas de impuestos (que además seguirán al alza), tanto el ahorro como la inversión llevan casi una década de tendencia decreciente, lo que inevitablemente daña la demanda de mano de obra. Segundo, estamos enfrentando un proceso de automatización, que además se aceleró con la pandemia, y que afecta principalmente a los trabajadores de menor calificación. No se trata de que el cambio tecnológico va a generar un desempleo generalizado en el mundo (no lo está haciendo), pero cambia el tipo de mano de obra requerido, y no nos estamos preparando para ese cambio.
Los sectores que suelen emplear a los trabajadores de menor calificación están destruyendo puestos de trabajo, y esto más allá de la pandemia. La agricultura, por ejemplo, emplea a 200 mil trabajadores menos que hace cuatro años, el servicio doméstico ha caído en cerca de 100 mil, y la industria algo más de 70 mil. Se trata de sectores para los cuales el aumento de costos laborales daña sus condiciones de competencia.
Si nos comparamos con los países de la OCDE, veremos que la brecha de ingresos laborales con ellos se está cerrando a mayor velocidad que la brecha de productividad, lo que daña nuestra competitividad y crecimiento. Para Chile, el crecimiento de salarios en el período 2009-2019 es de 33% en dólares constantes a paridad de poder de compra, mientras que en la OCDE los salarios han aumentado un 14%. La productividad media, en cambio, crece sólo 13% en Chile, mientras en la OCDE la productividad crece al mismo ritmo que los salarios. Es también preocupante que Chile, con un nivel de desarrollo mucho menor, logre aumentos de productividad media del trabajo por debajo de ese grupo de países.
Es en ese contexto que el Gobierno decide implementar una agenda de reformas laborales que implica mayores costos laborales, sin que por otro lado exista una agenda equivalente que busque aumentos de productividad. Se incorpora primero un aumento del salario mínimo de cerca de 8% real anual, con aumentos adicionales hacia adelante, a lo que se sumaría una reducción de la jornada laboral de 10% y el aumento de cotizaciones previsionales de 6%. A este cóctel, la Convención le agrega la sindicalización obligatoria, la negociación por rama y la participación de los sindicatos en las decisiones de las empresas, que se suma a un montón de restricciones adicionales al desarrollo de la actividad productiva privada.
La pregunta cae de cajón: ¿de qué les sirve a los trabajadores que la legislación laboral les prometa mejores condiciones, si no tendrán empleadores que las puedan hacer efectivas? (DF)
Cecilia Cifuentes
