El miércoles 24 de julio pasado, apenas unas horas después de que un artefacto explosivo detonó al interior de la 54ª Comisaría de Huechuraba, hiriendo a ocho uniformados, el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, ordenó al personal del OS-9 de Carabineros incautar los videos de las cámaras de seguridad de las oficinas de Correos de Chile en la comuna de El Bosque, desde donde se enviaron como encomiendas las bombas dirigidas en contra del cuartel policial y del exministro del Interior y actual gerente de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter. Una diligencia clave con miras a identificar a los responsables de estos atentados.
Sin embargo, cuando los funcionarios del OS-9 iban en camino, recibieron un llamado que los dejó alarmados. Desde Correos les avisaban que dos personas, que se habían identificado como funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), exigían acceso a la misma evidencia. La tensión escalaba por minutos. Si se llevaban las imágenes, acusan desde la fiscalía, se quebraba la cadena de custodia y las imágenes recolectadas serían inservibles como medio de prueba en un eventual juicio.
Este hecho -hasta ahora desconocido- deja en evidencia los problemas de la ANI.
La situación era, por lo demás, absurda. El rol de la agencia no es operativo. Como organismo técnico, su misión es sistematizar información de inteligencia que sea útil para la toma de decisiones por parte del Presidente de la República y no forma parte de los órganos de persecución penal, una tarea que es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público y que la ejecuta con la asistencia de las policías. Además, era innecesaria. Si todos los engranajes del sistema de inteligencia nacional operaran adecuadamente, era cosa de tiempo para que la ANI tuviera acceso a una copia de esas imágenes a través de los canales de coordinación y cooperación que por ley deben existir entre la inteligencia policial y la agencia. Es la propia ANI la encargada de coordinar el adecuado flujo de información entre los diferentes organismos de Inteligencia de las policías y de las Fuerzas Armadas, según indica la misma Ley 19.974, que regula el Sistema de Inteligencia del Estado y establece reuniones periódicas de las jefaturas de Inteligencia.
La realidad, sin embargo, es muy diferente. En Inteligencia nada es gratis, explican analistas y funcionarios de diversas entidades consultados para este artículo y cuyos nombres, por razones obvias, se mantendrán en secreto. El intercambio de información entre servicios opera en la medida en que uno entregue algo relevante; solo entonces el otro accede a soltar datos significativos. “Si no aportas nada que pueda interesarles o que sea considerado importante, te cortan de inmediato”, aseguran. Lo mismo ocurre cuando se trata de reciprocidad entre la ANI y organismos extranjeros.
Si la información que recolecta y sistematiza la ANI no es de calidad, difícilmente obtenga ayuda de otros servicios, por más que esté establecido en la ley que regula el Sistema de Inteligencia Nacional.
Por eso, de acuerdo con la legislación, la pugna del miércoles 25 de julio entre la fiscalía, OS-9 de Carabineros y la ANI se debió zanjar de otro modo.
Desde el Ministerio Público llamaron al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para informarle lo que estaba pasando y le pidieron que le exigiera al director de la ANI, el abogado y exjefe de Gendarmería durante el primer gobierno de Piñera, Luis Masferrer, retirar a sus funcionarios inmediatamente.
Y aunque así ocurrió -los dos agentes de la ANI se marcharon de la oficina de Correos de Chile de El Bosque mientras se realizaban las diligencias-, la desconfianza entre el Ministerio Público y los equipos investigativos con la ANI aún perdura. Algunos responsabilizan de esta impericia al jefe del Departamento de Violencia Política de la ANI, Cristián Cáceres, quien habría actuado más de acuerdo con las facultades que tenía como exfiscal de Curacaví que como mando superior de un organismo de inteligencia civil.
Al día siguiente, el jueves 25, el fiscal Barros y el personal del OS-9 cobrarían revancha. Ese día, mientras los chilenos aún no salían del estupor que generó la noticia del envío de los dos primeros paquetes-bomba con carga letal -en el caso del artefacto explosivo que llegó a la oficina de Hinzpeter tenía un cartucho de 100 gramos de dinamita, como los que se usan en la pequeña minería, al interior de un tubo de acero-, desde la ANI hicieron trascender a la prensa que el organismo había enviado una alerta preventiva en los días previos. No se especificó a quiénes ni cuándo.
Por instrucción del fiscal Barros, el OS-9 indagó si alguno de los servicios de Inteligencia de las FF.AA., de la PDI o si alguna autoridad a nivel de gobierno había recibido el aviso de la ANI. Ninguno reconoció haber recibido un informe en tal sentido durante las semanas previas.
Por lo demás, a la luz de los resultados obtenidos por la agencia y el nivel de los documentos que emana, muchos dudan de que haya existido una alerta que les hubiera permitido a las autoridades subir el nivel de seguridad y resguardo en lugares críticos en los días previos al bombazo del miércoles 24.
En el gobierno recuerdan que hace solo unos meses el Presidente Piñera le solicitó a Masferrer que confeccionara el informe anual con la Estrategia Nacional de Inteligencia. En Palacio señalan que el director de la ANI le hizo llegar al Mandatario un documento de 128 páginas, que fue calificado de “mamarracho” por algunas fuentes del oficialismo. El texto debió ser “intervenido” por los analistas de la Dirección de Inteligencia de la Defensa (DID), organismo dependiente del Estado Mayor de la Defensa Nacional, los que reescribieron el documento, ordenándolo en solo 25 páginas con objetivos más claros.
Entre los avances de la nueva jefatura, sin embargo, está la redacción del reglamento interno de la agencia, que había pasado casi 15 años desatendido.
EL «PATITO FEO»
Desde su creación en 2004, cuando reemplazó a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi), el primer organismo de inteligencia civil creado por ley en Chile, la ANI ha sido considerado una suerte de “patito feo” del sistema de inteligencia.
Es un organismo que nace limitado por las desconfianzas y los traumas del pasado reciente, señalan parlamentarios que participaron en el debate de las leyes que dieron vida primero a la Dispi y luego a la ANI. Hasta hoy, el recuerdo del sangriento papel que cumplieron los servicios de seguridad durante la dictadura ha dificultado el fortalecimiento de la ANI.
Según cifras informales, hay 800 uniformados chilenos adscritos al Servicio Secreto de la Defensa Nacional. La ANI, en cambio, tiene 128 funcionarios y solo puede emplear informantes pagados.
Los métodos empleados por el organismo que se conocería simplemente como “La Oficina” en los primeros años de la transición tampoco ayudaron a dejar atrás esos traumas. Pese a que la labor de “La Oficina” fue exitosa en la desarticulación de los grupos de ultraizquierda que seguían empleando la violencia como arma política -en particular el Mapu Lautaro, algunas pequeñas facciones del MIR y los remanentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo- no fue gracias a un trabajo de inteligencia moderno, sino más bien a la delación de exmilitantes de izquierda que habían dejado las armas y que conocían bien a sus exsocios en la vía insurreccional.
La discusión suele enredarse en si la ANI debe tener facultades operativas, con agentes encubiertos en terreno, como tienen los organismos de Inteligencia de las ramas de la Fuerzas Armadas. Según cifras informales, actualmente hay 800 uniformados chilenos (del Ejército, Armada y Aviación) adscritos al Servicio Secreto de la Defensa Nacional realizando funciones operativas en el extranjero y de contrainteligencia en Chile. La ANI, en cambio, solo puede emplear informantes pagados para obtener información.
No solo eso. Al igual que con la discusión respecto del fortalecimiento de la ley antiterrorista, señalan políticos de gobierno y oposición, el conflicto mapuche y los métodos utilizados por los organismos de Inteligencia y de seguridad del Estado, también han dificultado el debate para modernizar y reforzar el sistema de Inteligencia nacional.
Hasta ahora, y pese a que el tema reflota cada vez que se detona algún artefacto explosivo, no se ha dado urgencia a la tramitación del proyecto de ley que modifica a la ANI.
En la derecha política tampoco hay consensos sobre este tema. Muchos parlamentarios del sector tampoco se atreven, a la luz de las experiencias pasadas, a obligar a las autoridades políticas a ser quienes definan los objetivos de la inteligencia, dispongan de los recursos necesarios para el cumplimiento de esas metas y exijan resultados acordes. “Nadie quiere hacerse responsable de lo que puedan hacer los servicios de Inteligencia al momento de ejecutar las misiones”, señalan funcionarios de organismos de Inteligencia chilenos. Esta misma frase también se escucha entre expertos y autoridades del área de la Defensa.
Así, a 15 años de su creación, la ANI sigue siendo un organismo pequeño.
Según el balance de gestión integral 2018 que presentó la ANI el 22 de marzo pasado a la Dirección de Presupuesto (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, los ingresos devengados de la agencia fueron $ 6.680.547.000 durante el año pasado. La mayor parte del presupuesto ($ 5.475.925.000) se destinó a gasto de personal.
El balance financiero final dio cifras negativas. El año pasado, la ANI quedó con un déficit de más de 63 millones de pesos.
El número de funcionarios de la ANI tampoco se ha modificado significativamente en el tiempo. Al día de hoy, 128 personas prestan servicios en la agencia de Inteligencia. De ellas, casi 30 se dedican a labores directivas, administrativas y auxiliares, ocho técnicos y 90 analistas de inteligencia. Estos últimos son el estamento clave del servicio.
Expertos en Inteligencia señalan que capacitar a un analista para que llegue a ser considerado “especialista en un área determinada” puede tardar hasta 10 años.
Justamente ahí radicaría uno de los problemas centrales de la ANI.
En 2018, tras el cambio de gobierno y la llegada de Luis Masferrer a la dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia, se fueron más de 12 analistas generales senior por distintas razones.
El desmantelamiento afectó dos áreas específicas: el Departamento de Ciberseguridad y, con mayor fuerza, el Departamento de Violencia Política. Este último es precisamente el encargado de recoger y sistematizar la información sobre los grupos anarquistas y de los llamados ecoterroristas, responsables de la instalación de artefactos explosivos en lugares públicos y del envío de paquetes-bomba en los últimos años.
En 2014, tras el atentado cometido por el anarquista Juan Flores -condenado a 23 años de cárcel- en el centro comercial Subcentro de la Estación Escuela Militar, donde resultaron heridas 14 personas, el Departamento de Violencia Política de la ANI llegó a estar conformado por cerca de 15 funcionarios, la mayoría de ellos profesionales, principalmente abogados, sicólogos y sociólogos.
La agencia ha mantenido bajo secreto la nueva forma en que está estructurado el trabajo del Departamento de Vigilancia Política.
Hasta ahora es poco lo que se sabe. Dos tercios del equipo, aproximadamente, tienen el rol de “analistas generales”. Su misión es recoger información de fuentes abiertas, como el análisis de páginas web en las que se difunden contenidos e información de grupos anárquicos. En esa lista se encuentra el sitio Contrainfo, donde el 29 de julio pasado se difundió el comunicado del grupo autodenominado “Cómplices sediciosos /Fracción por la Venganza”, que se adjudicó los atentados explosivos contra la 54ª Comisaría de Carabineros de Huechuraba y el exministro Hinzpeter.
También se examinan fuentes cerradas. Con una autorización previa de un ministro de Corte de Apelaciones, pueden interceptar llamadas telefónicas, correspondencia privada y mensajes de texto transmitidos por algunas redes sociales. Cercanos al organismo aseguran que estas medidas intrusivas recién se comenzaron a solicitar después de la llegada de Masferrer.
La información de fuentes cerradas también proviene de los informantes pagados. En sus mejores tiempos, el departamento de Vigilancia Política llegó a contar con 30 informantes pagados en forma mensual. Son personas que, por sensibilidad política o trayectoria, son cercanos a los grupos radicalizados que están operando en la actualidad.
Los informantes no hacen análisis; simplemente transmiten datos que consideran importantes para la ANI. Jamás van a sus oficinas, sino que se reúnen en lugares públicos con los llamados “oficiales de caso”. La agencia llegó a tener “cinco oficiales de caso” para el monitoreo de grupos anarquistas. Cada uno de ellos estaba a cargo del contacto con cinco o seis informantes.
Solo el “oficial de caso” conoce a su informante, con el que ha generado una relación de extrema confianza.
Expertos dicen que la formación de un especialista en un área puede tardar hasta 10 años. Tras la llegada de Masferrer a la ANI, se fueron más de 12 analistas generales seniors por distintas razones.
Y ahí reside otra debilidad de la ANI. Desde el año 2018, no solo salieron varios analistas generales desde el departamento de Violencia Política, sino que tras la llegada del exfiscal de Curacaví, Cristián Cáceres, a la jefatura de esa unidad, se retiraron “varios oficiales de caso”, lo que significó, a su vez, la pérdida hasta ahora de un número desconocido de informantes. Todo ello, afirman algunos expertos y funcionarios consultados, ha redundado en una mayor precarización del contenido de los informes secretos que elaboran los analistas de la ANI.
FRENTE INTERNO
Los problemas por cambios internos no son solo a nivel de analistas. En diciembre pasado renunció el contraalmirante (R) David Hardy Videla, quien había llegado a la ANI a inicios de ese mismo año para convertirse en una suerte de subdirector -cargo que no existe formalmente-. La idea era que este marino y exdirector de Inteligencia de la Defensa aportara no solo su expertise técnica, sino que también lograra conformar un tándem con Masferrer para mejorar la coordinación con los otros servicios de las Fuerzas Armadas.
Hardy y Masferrer, según fuentes de gobierno, no tuvieron una buena relación y todo indica que el contraalmirante en retiro no estuvo de acuerdo con algunas de las contrataciones que hizo Masferrer para llenar cargos de jefaturas con personas que no tenían experiencia en Inteligencia.
La situación es compleja, afirman funcionarios de la ANI consultados por Reportajes. Porque a los problemas internos de la agencia se suma el desmantelamiento de la Dirección de Inteligencia de Carabineros tras el escándalo del caso Huracán, con la cual mantenían una relación fluida. En la actualidad, los canales están prácticamente cortados. La insólita pugna en las oficinas de Correos así lo refleja. (La Tercera)
