Varios han sido los casos de altos funcionarios públicos que fueron elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en el actual gobierno, que han debido salir de sus cargos por diferentes circunstancias.
Entre los más reconocidos están los nombres de la ex superintendenta de Pensiones (SP), Tamara Agnic, y de Michel Jorratt, ex director del Servicios Impuestos Internos (SII). Los dos entraron por ADP a la administración pública y debieron salir de sus cargos por presiones políticas.
Los cargos ADP que se encuentran adscritos al gobierno central son 949, según datos del Servicio Civil. De ese total, 110 corresponden a I Nivel jerárquico y 839 a II Nivel. Considerando sólo los de I Nivel, en el gobierno de Bachelet se han nombrado a 93 funcionarios, donde 11 han renunciado (11,83% del total), de acuerdo al organismo público. En la mayoría de los casos, la renuncia ha sido voluntaria, pero en algunos, los funcionarios salientes han cuestionado que ni siquiera se les hizo una evaluación de su desempeño para tomar la decisión.
Según el director nacional del Servicio Civil, Francisco Silva, “las cifras están dentro de lo esperable. Otra cosa es que altos directivos que venían de antes y que no fueron nombrados por esta administración, dejaron sus cargos por el término legal de sus períodos y por renuncia voluntaria”.
Ese, en alguna medida, fue el caso de Renato Hamel, ex superintendente de Casinos que venía vía ADP desde el gobierno anterior. A Hamel se le solicitó la renuncia el miércoles 10 de febrero, aunque sin una evaluación de su gestión, según acusó. El gobierno, sin embargo, dijo lo contrario.
Alejandro Ferreiro, ex presidente del Consejo para la Transparencia, se refirió a casos en los cuales no hubo evaluación. “Este es un problema real que existe, pues el convenio de desempeño no tiene el peso ni el valor que debería tener dentro de este sistema”, afirmó.
Reforma al sistema
El gobierno de Michelle Bachelet se planteó desde sus inicios fortalecer el sistema de ADP. De hecho, el programa de la Mandataria dice que si bien el sistema de ADP ha sido exitoso, “al producirse el cambio de gobierno en 2010 mostró debilidad, convirtiendo la facultad para despedir a los altos directivos en un mecanismo de remoción política”.
Por esa razón, en julio de 2015, se ingresó al Congreso un proyecto de ley que perfecciona este sistema y fortalece al Servicio Civil. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora se está tramitando en el Senado.
“Hay plena coincidencia entre el Ministerio de Hacienda, el Consejo de ADP y todos los sectores políticos respecto a que es necesario introducirle cambios y, por eso, hay en el Congreso un proyecto de ley de perfeccionamiento del sistema”, aseveró Silva.
Manuel Inostroza, miembro del Consejo de ADP, señaló que uno de los cambios más importantes es que “se elimina la figura del transitorio y provisional, que genera una ventaja desproporcionada sobre los candidatos que postulan desde afuera”. Además, explicó, se les dará mayor peso a los convenios de desempeño y se ampliarán los servicios públicos sujetos a ADP, por lo que el número de I Nivel llegará a 155.
El experto acotó que con la nueva ley, cuando haya un cambio de gobierno, el Presidente sólo podrá remover 12 de los 155 funcionarios I Nivel (8%).
Georgy Shubert, ex defensor nacional y experto en la materia, complementó que “el ADP no ha fracasado pero coincido con la gente que es experta en la materia que tiene que haber perfeccionamiento en el sistema sobre todo vincular la permanencia de los cargos”.
