El administrador apostólico de Puerto Montt, Ricardo Morales, denunció ayer ante la fiscalía de la ciudad a dos sacerdotes de la arquidiócesis, por presuntas irregularidades financieras detectadas en el arzobispado. «Espero que el Consejo de Defensa del Estado pueda hacerse parte, porque hay dineros públicos comprometidos», señaló el religioso, quien agregó que estos antecedentes le llegaron por un tercero.
Se trata de un exvicario general y un exvicario ecónomo. Este último, además, se encuentra bajo investigación previa por presuntos abusos sexuales y suspendido del ejercicio del ministerio.
La investigación apunta al uso irregular de recursos del Cesfam San Pablo Mirasol, dependiente del arzobispado, pero que recibe recursos del Servicio de Salud de Reloncaví. (El Mercurio)
