Llevamos años viendo cómo políticos y funcionarios públicos incurren en actos de corrupción, acostumbrados a ocupar el Estado para sus propios fines. Hay muchas maneras: facilitando un permiso ambiental de algún proyecto, legislando a favor de los intereses de las empresas de sus financistas, amigos o familiares; recibiendo subsidios públicos a proyectos privados injustificables, aprobando licitaciones a sobreprecio o vendiendo recursos del Estado. Es cosa de recordar los casos Penta, SQM, Corpesca, Milicogate, Pacogate, por solo nombrar algunos.
No solo nos hemos acostumbrado a ver los actos de corrupción sino también que estos queden en impunidad o las penas disten mucho de las que se les imponen a una persona común y corriente.
Con la frase “dejemos que las instituciones funcionen”, muchos políticos miraron para el techo cuando sabían que había razones suficientes para al menos hacer un juicio político. Este entramado resulta difícil de desarmar, y es que la operación conjunta del poder económico, militar, parlamentario, la concentración de los medios de comunicación y sus buenos contactos en el Poder Judicial permiten que entre todos jueguen a la sillita musical y que nadie quede sin silla. Recordemos las clases de ética de Délano, la Ley de Pesca y Longueira que aún sigue en libertad.
Este entramado comienza a develarse gracias al fuerte compromiso de una ciudadanía activa y a un periodismo valiente que saca a la luz lo que los poderosos quieren ocultar de la opinión pública, permitiendo que las acciones de fiscalización, que tantas veces impulsamos sin buenos resultados, hoy se vean auspiciosas. Lamentamos tener que presentar una vez más una acusación constitucional contra el Presidente, sin embargo, sus continuas faltas a la probidad que desprestigian a la República no nos dejan más alternativas que ocupar las herramientas institucionales como un imperativo ético y, a diferencia de lo que señala el vocero de Gobierno, como un acto de defensa a la democracia. Si queremos fortalecer la democracia y sus instituciones, ocupemos las herramientas que tenemos para sacar a los que se apropian de la riqueza de todos, de la nación, del Estado, en favor de sus intereses privados.
Sebastián Piñera posicionó a Chile en un escándalo internacional que se conoció gracias al periodismo justo en un momento muy delicado para la política. A un mes y medio de las elecciones, la coalición de Gobierno y sectores de la ex Concertación que muchas veces habían sido un dique de contención político para mantener la doctrina de la impunidad, están en un mal momento y se enfrentan a unos comicios con una ciudadanía mucho más crítica, informada y poco dispuesta a olvidar o tolerar fácilmente este tipo de actos de corrupción.
La posibilidad de elevar el estándar ético para la política y terminar con la doctrina de la impunidad en Chile es real. Por eso hacemos un llamado a todos los demócratas a tomar partido por esta acusación, para poner fin a la impunidad y para que nunca más nos vuelvan a gobernar corruptos. (El Mostrador)
Catalina Pérez
Gonzalo Winter
