Acusación constitucional: exfiscal Guerra se excusa de asistir a comisión

Acusación constitucional: exfiscal Guerra se excusa de asistir a comisión

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El pasado 13 de octubre la oposición ingresó una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera por un eventual conflicto de interés en la compraventa del proyecto minero Dominga. Un proceso que continúa su curso en la Cámara de Diputados en una semana marcada por la evaluación del libelo por parte de la comisión revisora.

La instancia -que deberá emitir un informe con una conclusión no vinculante– hoy escuchará las declaraciones del exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y la actual ministra de la cartera, Carolina Schmidt.

Con Maya Fernández (PS) a la cabeza, los diputados integrantes -Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso (Ind.-RN)- comenzaron la sesión a eso de las 10 de la mañana. Al igual que ayer, también está presente el diputado independiente René Saffirio, quien fue elegido para asumir la defensa de la AC ante la comisión.

Al comienzo de la instancia, se presentaron las excusas de la exministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, ya que no puede asistir debido a sus labores como convencional constituyente; del director del SII por temas de agenda, y del exfiscal Manuel Guerra, quien por medio de una misiva expresó: “No es procedente ni adecuado referirse a una investigación penal concluida”.

Cerca de las 11 horas, la ministra Carolina Schmidt comenzó su alocución vía telemática, repasando los hitos del casos como el rechazo por parte de la comisión de evaluación ambiental de Coquimbo en 2017 del proyecto minero Dominga, y el posterior visado por parte de la misma en agosto 2021. Además, Schmidt hizo énfasis en que la zona de La Higuera no es área protegida, y que no existe ningún registro de sustentabilidad que proponga la creación de ello durante los gobiernos de Michelle Bachelet.

“No tengo ningún antecedente de que el proyecto (Dominga) el 2013 haya entrado con información insuficiente o deficiente, sí sé que ingresó con un estudio de impacto ambiental, por lo que se reconoce un impacto significativo. Toda actividad humana implica un impacto, pero en el caso de los que tienen impacto significativo, debe incluir un estudio”, dijo la ministra de Medio Ambiente, explicando que está inhabilitada para dar su opinión personal.

Sí señalar que hay una zona marina de alto valor en la zona de La Higuera, un valor cuanto a su biodiversidad, una fuente muy rica de alimentación para la flora y fauna de la zona”, agregó Schmidt, precisando que “Un área marina costera de múltiples usos (como es La Higuera), permite justamente múltiples usos. No prohíbe que haya actividad, sí la restringe para la protección del área marina”.

Posteriormente intervino Marcelo Mena, quien fuera ministro de Medio Ambiente entre marzo de 2017 y marzo de 2018 (durante la segunda gestión de Michelle Bachelet). El exministro comenzó planteando que entre 2014 y 2018, se estableció un área de protección de 1.318.218,54 km2 entre 8 parques y 5 áreas marinas.

En el caso específico de la zona de La Higuera y las razones para que no haya sido declarada como área protegida, Mena explicó que “no hubo acuerdo porque el Ministerio de Economía quería proteger una fracción menor y no queríamos aprobar algo que no protegiera la zona de verdad”. En respuesta a una pregunta por parte de los diputados, Mena detalló que “Hubo una tensión al respecto, pero no guarda relación con presiones empresariales, si no producto de los respectivos ministerios intentando hacer sus trabajos”.

Ayer martes se escuchó las exposiciones de los primeros invitados de la instancia revisora: abogados ambientalistas, parte de equipo redactor de la acusación, un exdirector del Consejo para la Transparencia y los periodistas tras la serie de reportajes Pandora Papers.

El Presidente Piñera tiene de un plazo de 10 días para contestar el libelo -sin contar domingos ni festivos- desde que fue notificado; lo que ocurrió el pasado sábado.

En caso de que la acusación sea visada por ambas cámaras -por mayoría en la Cámara Baja y 2/3 en Senado-, el Mandatario se verá obligado a dejar su cargo y quedará con la inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.

La acusación -la segunda que impulsa la oposición contra Piñera en este periodo- se concretó a poco más de una semana de la publicación de la investigación periodística denominada Pandora Papers, que constituye la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales, que vincula a presidentes, ministros, exfuncionarios, artistas, reyes y futbolistas con sociedades offshore.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la investigación que dio cuenta de una millonaria compraventa de la minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas realizada entre la familia del Presidente y Carlos Alberto Délano.

Según el reportaje, la tercera cuota a pagar por los Piñera Morel habría estado condicionada a que el sector no se declarara zona de exclusión. Antecedente que llevó a los parlamentarios del bloque opositor a impulsar esta acción constitucional, y al Ministerio Público a abrir oficio de investigación del caso. (La Tercera)

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