El acuerdo económico celebrado entre Gobierno y oposición hace pocos días parece destinado a desbordarse. No porque no se legisle lo acordado, sino porque la política siempre encuentra una rendija por donde colarse. La propuesta que permite a las personas sacar parte de sus fondos de la AFP es exactamente eso: un subterfugio. No solo desviste un santo para vestir a otro, sino que, en su esencia, viola el acuerdo.
Hace pocos días se anunció la creación de un fondo de 12 mil millones de dólares, que fijaría el máximo de gastos en los próximos dos años por sobre lo legislado hasta ahora y por sobre un presupuesto sombra para 2021 que disminuía el déficit estructural en medio punto porcentual. Eso es lo que se comunicó, y eso es lo que el país entendió. Todo ello llevaría la deuda pública a un nivel cercano al 40% del PIB a fines del próximo año.
Pues bien, parlamentarios de oposición, apoyados por algunos congresistas de gobierno, promueven un proyecto que permite a las personas sacar hasta un 10% de sus fondos para la jubilación. Para los trabajadores con menos de 20 millones de pesos en sus cuentas, el retiro de hasta dos millones será reemplazado con un bono de reconocimiento pagadero por el fisco al momento de jubilar. Esto es equivalente a una transferencia hoy a las personas financiada con la emisión de deuda por parte del Gobierno. Así de simple.
Los más creativos argumentan que esto no aumentará la deuda pública, ya que los bonos de reconocimiento no están formalmente en las estadísticas de deuda de gobierno. Desafortunadamente, la economía del asunto es clara. Tal como está planteado, el proyecto introduce una presión fiscal adicional de unos 6 mil millones de dólares, por lo bajo. Si así no fuera, entonces las pensiones están seriamente amenazadas.
Estos aspectos, ciertamente muy importantes, no son sin embargo los más preocupantes. Las familias con complicaciones económicas van a necesitar oportunidades de trabajo para salir de su situación actual. Mucho trabajo. La capacidad de crear empleo y recuperar la economía no es independiente del deterioro institucional del país. La pérdida de credibilidad derivada de desarmar en dos semanas lo acordado, junto con el desprecio de legisladores y jueces por las leyes, van a hacer que cualquier esfuerzo por dinamizar el empleo con subsidios o programas de vivienda palidezca.
Los impulsores de este proyecto declaran ir en auxilio de familias que necesitan los recursos. Pero el daño institucional y económico que esta propuesta genera es de un orden de magnitud superior a su beneficio de corto plazo. No vaya a ser que en los próximos trimestres estemos culpando al modelo de la falta de dinamismo en el empleo. (El Mercurio)
Sebastián Claro
