Recién terminada la elección del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, donde fue designado con amplia mayoría el candidato estadounidense Mauricio Claver-Carone, surgen voces locales cuestionando la legitimidad de la referida elección. Otros más aventurados, como el ex senador Viera Gallo, señalan que adolece de una “falla de origen”. Antes que él, el ex senador Ominami planteaba -maliciosamente- boicotear la elección y, más recientemente, el ex Presidente Lagos sugería -ingenuamente- su nulidad. Vaya, vaya, esta es la izquierda respetuosa de las reglas del juego. ¿De qué lo acusarían a uno si planteara que el plebiscito de octubre adolece de una falla de origen y que es ilegítimo? Antidemocrático sería lo más fino que me dirían.
Lo único cierto en este cuento del BID es que la Cancillería incurrió -cándidamente- en un paso en falso al apoyar la estrategia argentina, pues nunca debió dejarse llevar por la presión de la oposición local. En Argentina aún se ríen del fracaso de Alberto Fernández; en Chile somos más graves. Por otra parte, el Sr. Claver-Carone ganó limpiamente la contienda, respetando los estatutos del banco, por lo que su cuestionamiento sólo deja en evidencia la baja tolerancia a la derrota que tienen algunos. El resto es música. Ahora corresponde asumir el fracaso, dar vuelta la pagina y enfrentar que se viene otra decisión importante para nuestra Cancillería.
El 26 de septiembre próximo se vence el plazo para que Chile suscriba el Acuerdo de Escazú, un convenio regional de tipo medioambiental, que ha suscitado toda clase de apoyos y rechazos en el país, sin concitar un respaldo transversal a nivel técnico ni político. Sus partidarios, motivados en su gran mayoría por razones ideológicas, pretenden obligar al Gobierno a suscribirlo. Son los mismos que, curiosamente, no apoyaron al TTP, siendo que este tratado de libre comercio fue promovido y negociado por la administración anterior. ¡Si, tal como lo lee! El pecado de este último tratado es que promueve la cooperación económica, mientras el Acuerdo de Escazú es un convenio medioambiental. Juzguen los lectores si no hay motivaciones ideológicas para obstruir el primero y apoyar el segundo.
Las razones jurídicas y políticas para no suscribir el Acuerdo de Escazú siguen tan vigentes hoy como en el 2018, cuando se anunció la decisión de no hacerlo, y que han sido reiteradas en forma permanente por el Gobierno desde entonces. Siendo las mismas, no hay razones para un cambio de opinión. Es muy revelador, por otra parte, que importantes países signatarios, como Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú, entre otros, no lo hayan ratificado. Solo lo han hecho Ecuador, Bolivia y algunos más. (Si desea consultar el estado actual de los países miembros del tratado, pinche aquí).
Junto con ello, los partidarios del tratado formularon toda clase de vaticinios fatalistas, como pérdida de liderazgo y prestigio internacional, entre otras, si Chile no firmaba el convenio medioambiental. Ninguno de esos vaticinios se ha cumplido. La evidencia reciente así lo confirma. Nuestro país fue capaz de presidir la COP 25 en un momento tremendamente complejo, así como para lograr la elección de un miembro permanente del Tribunal del Mar en la ONU. Más que pérdida de liderazgo, lo que más lamentan algunos es la pérdida de organismos internacionales como agencias de empleo.
No existe, por otra parte, premura alguna en suscribir el tratado regional, ya que éste permite expresamente, y sin ningún tipo de restricción, la posibilidad de adherirse al mismo en cualquier momento. El Gobierno lo sabe, pero según algunos trascendidos de prensa el Canciller estaría explorando la posibilidad de acceder a la presión de la oposición y grupos ambientalistas, y estaría considerando diversas alternativas. Para ello, las reservas están excluidas pues el convenio las prohíbe expresamente. El Canciller estaría estudiando la posibilidad de hacer declaraciones interpretativas, las que según el derecho internacional no tienen ningún valor ni son vinculantes para el resto de las partes del tratado. Son meros “saludos a la bandera”, que solo tienen el carácter de discurso político para la galucha local. Incluso se insinúa la posibilidad de modificar el tratado, lo que no solo parece irreal, sino que sería confirmatorio de sus desventajas.
El Ejecutivo no solo hace bien en tomarse el tiempo necesario para analizar adecuadamente sus alcances y efectos, sino que es su deber. Hay quienes olvidan que la facultad para concluir, firmar y ratificar los tratados es una atribución reservada por la Constitución en forma exclusiva y excluyente al Presidente de la República. Pero el texto constitucional va más allá. El Presidente solo puede firmar los tratados “que estime convenientes para los intereses del país” y su infracción conlleva su responsabilidad política como Jefe de Estado. Hasta ahora el Ejecutivo ha reiterado permanentemente que el Acuerdo de Escazú no cumple ese estándar, siendo inconveniente para los intereses chilenos. ¿Lo quieren obligar a incurrir en un acto de responsabilidad política para acusarlo constitucionalmente?. Es de esperar que se haya aprendido la lección que dejó el BID. En esta ocasión, el Gobierno debe resistir la presión.
El Canciller ha comunicado informalmente la decisión de no suscribir el Acuerdo de Escazú ante las Comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional, lo que ha motivado una pataleta en algunos sectores políticos de oposición. Solo resta la comunicación oficial, confirmando la negativa, que debería ocurrir en los próximos días. Tengamos presente que la elección del BID fue un primer paso en falso y bochornoso; evitemos que la suscripción de este convenio regional no sea un segundo, porque el porrazo será más doloroso para todos. (El Líbero)
Francisco Orrego
