Un grupo de profesores de Derecho de distintas universidades del país firmó una carta de respaldo a la acusación constitucional que presentaron diez diputados de oposición en contra de tres jueces de la Corte Suprema y que actualmente se tramita en la Cámara. La acción impulsada por los parlamentarios, cuestiona la decisión de los ministros de la Sala Penal de haber otorgado libertad condicional a seis reos de Punta Peuco más uno de Colina II que cumplían condena por delitos de violación a los derechos humanos durante la dictadura.
La misiva a la que accedió Emol, está firmada por Humberto Nogueira Alcalá, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Talca; Claudio Nash Rojas, Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile; Jorge Precht Pizarro, Profesor de Derecho Público de la Universidad Católica; Jaime Gajardo Falcón, Profesor de Derecho Constitucional (U de Chile); Rodrigo Poblete Reyes, Profesor de Derecho Constitucional; Christian Suárez Crothers, Profesor de Derecho Constitucional (U. de Talca) y el ex Ministro del Tribunal Constitucional, Francisco Fernández Fredes.
En su carta, los académicos señalan que «independiente de los aspectos políticos propios del juicio constitucional que deben ponderar los parlamentarios, existen poderosas razones jurídicas para afirmar que los ministros que hoy se acusan han incurrido en notable abandono de deberes. Además, creemos que hacer efectiva su responsabilidad no menoscaba los cimientos de la institucionalidad, sino que los fortalece». En ese sentido explican que el «notable abandono de deberes» no se configura solo por el incumplimiento de obligaciones administrativas, sino que también por «la infracción de sus obligaciones constitucionales sustantivas, entre ellas la de respetar y promover los derechos humanos asegurados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile».
«El Decreto Ley 321 de 1925 – invocado por los ministros acusados en sus fallos- determina los requisitos de la libertad condicional para delitos comunes y no para crímenes de lesa humanidad, por lo que se aplicó indebidamente a criminales condenados por delitos contra los derechos humanos», subrayan los juristas. Por último, en la carta los siete abogados firmantes del documento indican que «no hay acá una mera divergencia de interpretaciones plausibles que le quite gravedad al abandono de deberes. Por el contrario, cualquier interpretación que favoreciera formas larvadas de impunidad no podía ser considerada como una interpretación plausible de acuerdo con la regla favor persona del art. 29 b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si había una interpretación que favorecía el derecho de las víctimas y sus familias de acceso a la justicia, esa era la única que los ministros debían adoptar».
Emol/Agencias
