Nunca pensé que terminaría escribiendo una columna sobre este tema. Sin embargo, durante las últimas semanas son demasiadas las personas que incluso alegando haberlo escuchado de connotados e influyentes dirigentes, tanto de gobierno como de oposición, parecieran estar convencidos de que un puñado de líderes políticos y empresariales han urdido un plan que consistiría en propiciar la renuncia de Michelle Bachelet al cargo de Presidente de la República a partir de marzo, para a continuación, y según lo dispone el artículo 29 de nuestra Constitución, que sea el Congreso pleno el que elija a su reemplazo por el tiempo que le resta de mandato.
Se trata de una idea tan absurda, como imbécil y sediciosa.
Absurda, por cuanto lo que subyace al régimen presidencial que rige en nuestro país supone que el principal depositario de la soberanía popular es elegido por un determinado lapso de tiempo para llevar adelante su programa de gobierno, conforme a lo que decidió la mayoría absoluta de los ciudadanos que participaron en el proceso electoral, sea en primera o segunda vuelta. Salvo gravísimas y calificadas excepciones, y cualquiera sea la opinión que cada uno de nosotros pudiera tener sobre el desempeño de ésta o cualquier otra administración, son sólo los ciudadanos, de manera colectiva y en los próximos comicios, los llamados a alterar institucionalmente el rumbo político que han adoptado sus gobernantes.
Imbécil, pues lo que hay detrás de estos rumores es un intento por magnificar irresponsablemente el rechazo a la gestión del gobierno, a través de un expediente que incluso soslaya las gravísimas consecuencias que se derivarían de concretarse tan delirante hipótesis. La experiencia de otros países en la región, y particularmente la nuestra, nos da alguna idea de las cosas que podrían ocurrir cuando un Presidente de la República no culmina su mandato. Hay detrás, además, un profundo desprecio a la democracia, por cuanto pese a los bajos niveles de aprobación que exhibe esta administración, bajo ninguna circunstancia eso habilita a que un puñado de iluminados quiera imponer por secretaría lo que no fueron capaces de ganar en las urnas. Incluso aunque este rumor sólo tuviera por propósito paralizar la acción de este gobierno, se trata de una acción irresponsable y cobarde, pues de paso pulveriza la confianza que los ciudadanos deben tener y guardar para con sus más básicos procedimientos institucionales.
Sediciosa, pues se trata de una fórmula que no tiene otro propósito que coartar de manera ilegítima las atribuciones del Presidente de la República, a través de acciones que promueven su descrédito y socavan su poder. Sin ir más lejos, y tomando en cuenta el reciente desempeño de nuestros jueces y fiscales, creo que algunos creativos deberían poner más atención a las graves penas que según el artículo 133 del Código Penal pueden recaer en los que “por astucia” o “por cualquier otro medio”, pero sin alzarse por la fuerza, cometieren alguno de los crímenes o simples delitos contra el gobierno legalmente constituido.
