A junio de este año, el Ministerio de Salud (Minsal) registró un total de 341 casos en que una mujer invocó la Ley de Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales. De ellos, 309 terminaron en un aborto, mientras que 32 mujeres decidieron continuar con la gestación; es decir, un 9,4% del total.
De ellas, nueve lo hicieron en la primera causal o de riesgo de vida de la madre, 20 por inviabilidad fetal, y tres en casos de violación.
Para Constanza Saavedra, médico y fundadora de la organización Testimonios por la Vida, las cifras de mujeres que se arrepintieron de abortar tras invocar la normativa es “baja”. Asegura que este cambio de decisión se da principalmente en los casos de inviabilidad del feto, lo que a su juicio “se puede explicar por el vínculo que desarrolla la madre con su hijo, que son generalmente deseados”, dijo.
Saavedra agregó que si bien en la primera causal generalmente se trata de hijos deseados, donde se generó un vínculo familiar, “cuando el riesgo de vida de la madre es realmente inminente, el embarazo se interrumpe como se ha hecho siempre y tanto los médicos como la madre lo entienden así”.
Sin embargo, recalcó que si los programas de acompañamiento en las tres causales se realizan “de manera multidisciplinaria, sincera y es efectuada por profesionales que tienen experiencia acompañando, es posible que el porcentaje de arrepentimiento que veamos a futuro sea mayor”, dijo.
Por su parte, Verónica Hoffmann, directora ejecutiva de la Fundación Chile Unido, aseguró que “cuando la mujer es el centro de los programas de acompañamiento, estos se disponen realmente a acogerla, escucharla y acompañarla, desde nuestra experiencia de 19 años acompañando a mujeres con embarazos vulnerables, hemos observado que un 85% continúa con su embarazo”.
Débora Solis, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), destaca que tanto las cifras de abortos realizados como los que no se efectuaron, son una “buena noticia”, ya que “representa a más de 300 mujeres que, a propósito de una lucha de mucho tiempo de organizaciones de derechos humanos y feministas, han tenido la oportunidad de decidir si seguir con un embarazo o interrumpirlo, y eso recoge el espíritu con el cual fue construida esta ley”.
ACOMPAÑAMIENTO
Uno de los derechos que estableció la normativa promulgada en septiembre pasado, fue que las mujeres que se encontraran en alguna de las tres causales tenían derecho a un programa de acompañamiento, tanto en el proceso de discernimiento como al decidir si abortar o seguir con su embarazo.
Este programa, al que tienen derecho las mujeres que se atienden tanto en clínicas como hospitales públicos, incluye acciones de acogida y apoyo biopsicosocial y no puede estar destinado a influir en su decisión.
La subsecretaria de Redes Asistenciales del Minsal, Gloria Burgos, explicó que este acompañamiento se hace exclusivamente por los equipos médicos de los recintos de salud “tanto con psicólogos, psiquiatras, además de la capacitación del profesional matrón. Hasta el momento ha funcionado bien, no hemos tenido ningún tipo de reclamo ni solicitud de revisión de ninguna paciente que haya sentido que no se le acompañó adecuadamente”, explicó.
En las postrimerías de la discusión parlamentaria de esta ley, se incluyó que así como existiría un programa de acompañamiento institucional también se acreditaría por parte del Minsal a organizaciones sin fines de lucro para ofrecer apoyo adicional. Esto permitiría que las mujeres pudieran elegir libremente “tanto la entidad como el programa de acompañamiento que estime más adecuado a su situación particular y convicciones personales”, dice la ley.
Sin embargo, y según los registros del Minsal, hasta la fecha no existen organizaciones sin fines de lucro acreditadas para otorgar este programa adicional.
A la fecha, tanto Testimonios por la Vida, Chile Unido, Corporación Miles y Aprofa, se encuentran en proceso de acreditación. Y esta última estaría a ad portas de lograr la certificación, convirtiéndose así en la primera entidad en hacerlo, según confirmó la subsceretaria Burgos.
FISCALÍAS: 41 DENUNCIAS POR VIOLACIÓN
En los casi 10 meses que lleva vigente la Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales (Ley IVE), al 12 de julio pasado, las fiscalías a lo largo del país registraban 41 denuncias por la tercera causal de violación, de las cuales 24 corresponden a mayores de edad y 17 a menores, según información entregada a La Tercera por la Fiscalía Nacional.
Así lo confirma el director de la Unidad Especializada en DD.HH., Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, quien explicó que la instrucción que se les dio a los fiscales que recibieron las denuncias fue abrir por oficio una investigación en todos los casos presentados, por lo cual se trata en su mayoría de investigaciones actualmente en curso.
“Esto se instruyó para asegurar la protección de las víctimas, descartar la posibilidad de que se produzcan nuevas víctimas de los autores, y resguardar la evidencia”, explicó.
La norma técnica publicada de manera complementaria por el Ministerio de Salud, respecto de la atención integral que debe recibir una mujer que invoque la ley tanto en hospitales como en clínicas, estableció ciertos requisitos específicos que deben realizar los centros de salud para el caso de la tercera causal.
Entre ellos está constatar la ocurrencia de los hechos, la edad gestacional del embrión, hacer una toma de muestra de sangre para cotejar el ADN, mantener una cadena de custodia de la misma muestra, además de gestionar el consentimiento informado en las tres causales. Todos los requerimientos están pensados para ser usados en las posteriores investigaciones.
La subsecretaria de Redes Asistenciales del Minsal, Gloria Burgos, aseguró que existe una coordinación que incluye además “reuniones periódicas entre equipos de salud y de la fiscalía para ir actualizando información y seguimientos en conjunto”.
Las regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío y Los Lagos concentran el mayor número de denuncias, en un contexto en el cual, hasta el 18 de junio pasado, se registraban 341 procedimientos solicitados, de los cuales 309 terminaron en aborto.
En la zona central, el Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, se ha convertido en un referente y fue el primero en realizar una interrupción voluntaria de embarazo en la tercera causal. (La Tercera-La Nación)
