La respuesta a esa pregunta puede arrojar luz sobre algunas características de la actual cultura de lo público.
Por definición, lo público es aquello que escapa al dominio particular de alguien. Mientras el dominio consiste en la facultad de usar algo arbitrariamente, al compás de cualquier motivo que la propia subjetividad valide (no siendo contra la ley o el derecho ajeno, como explicó Bello en el Código Civil), lo público es una esfera de asuntos que obliga a la imparcialidad, a cuidar todos los intereses y puntos de vista en juego, sin que quien adopta la decisión pueda esgrimir nada más que su voluntad como fundamento de la misma.
Sin embargo, eso último (su propia voluntad y no las razones que la amparaban) es lo que, desgraciadamente, subrayó la Presidenta cuando se le consultó por la designación:
«…he realizado ese nombramiento -dijo- en virtud de mis facultades como Presidenta, después de evaluar distintas alternativas y conversarlo también con el presidente del CDE»
. Pero nadie ha discutido que al designar a Blanco ella hizo uso de una prerrogativa que le pertenecía. Lo que se cuestiona -habría que decirle a la Presidenta- es si ella empleó correctamente esa facultad, si la usó como una facultad de índole pública o si, en cambio, lo hizo como si fuera una atribución privada, algo que le perteneciera solo a su personal discernimiento.
¿Atendió la Presidenta solo a la índole y las funciones del Consejo a la hora de esta designación o consideró, a la luz de las circunstancias que saltan a la vista, características ajenas a él?
El Consejo de Defensa del Estado es un antiguo órgano (en el caso de Chile, viene del siglo XIX, y en el derecho comparado sus orígenes se remontan a la defensa del rey) cuyo objetivo es la defensa jurídica de los intereses del Estado. Posee una larga tradición y quizá sus momentos más relevantes los vivió cuando lo presidía Eduardo Novoa Monreal, quien impulsó el programa de la Unidad Popular mediante la argumentación legal (al no lograrlo, renunció, en 1972), o cuando ese órgano debió decidir si acaso se hacía o no parte en el caso de los pasaportes vinculados al crimen de Letelier, o el asunto del Melocotón, ese negocio sinvergüenza en el que se involucró Pinochet (en el primero decidió intervenir y en el segundo decidió que no; pero algunos miembros abogaron por hacerlo, a pesar de que no gozaban entonces de inamovilidad). Como lo muestran esos casos, con vaivenes y todo, el Consejo de Defensa del Estado es un órgano imparcial, cuyos miembros deben poseer alta calificación técnica y cuyo cliente final no es el gobierno de turno, sino los intereses del Estado.
La pregunta entonces que cabe plantear es si acaso la designación de un miembro del equipo político de la Presidenta (que comenzó como vocera de su candidatura, ejerció de ministra del Trabajo y concluyó como ministra de Justicia), entre cuyas abundantes virtudes no se cuentan las propias del jurista, una persona que es de su entera confianza y que posee total convergencia con su propio punto de vista, es la designación más razonable atendida la índole y las funciones públicas del Consejo, o si, en cambio, parece objetivamente una designación partisana, motivada más bien por consideraciones privadas como, por ejemplo, la de retribuir servicios gubernamentales y adhesión política.
Y la conclusión es obvia para quien no se arroje tierra a los ojos. El simple examen de las circunstancias objetivas lleva a ella: la designación de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado constituye una designación partisana, aparece como una retribución a una lealtad política más que una selección por méritos de esos que la índole del Consejo de Defensa del Estado exige.
Quien ejerce el cargo de Presidente de la República a veces debe elegir entre dos intereses: los que emanan de la índole de las instituciones y los de quienes le sirvieron de apoyo para alcanzar el poder.
La Presidenta Bachelet escogió, esta vez, uno de los segundos.
Al hacerlo, actuó mal. (El Mercurio)
