Aunque la mayoría fijó el fin de las elecciones municipales para adoptar una decisión sobre su futuro político, tres de las principales figuras que aparecen como presidenciables de cara a las elecciones de 2017 tendrán que pasar por los tribunales de justicia antes de que tomen la decisión de competir por llegar a La Moneda.
Al ya conocido caso del líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien deberá aclarar el presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial anterior, se suma los problemas del ex Presidente Sebastián Piñera con los eventuales pagos que realizó LAN en Argentina y el reciente caso de Ricardo Lagos con Barrick Gold.
Ayer se supo el ex Mandatario socialista deberá declarar como testigo en un juicio civil por el proyecto minero Pascua Lama en el 23º Juzgado Civil de Santiago. Se trata de una denuncia en su contra que data del año 2001, cuando una empresa y un particular declararon ser dueños de los terrenos en que se emplazó la minera Barrick Gold.
La sociedad MountainStar Gold Inc., y el empresario Jorge Lopehandía presentaron una demanda contra el ex jefe de Estado y su entonces canciller y ex senadora Soledad Alvear, asegurando ser los dueños de los terrenos en que se emplazó el proyecto de Barrick Gold, que se encuentra paralizado desde el año 2013.
El motivo de la denuncia contra el ex Presidente es que éste firmó un acuerdo con Argentina para el desarrollo del proyecto y la ex ministra Alvear es parte de la acción judicial en su calidad de consignataria.
El abogado de los demandantes, Guillermo Torres, afirmó que ese protocolo está viciado y advirtió que, si el ex mandatario no asiste a declarar, podría ser detenido.
El ex presidente Lagos, por su parte, señaló estar dispuesto a colaborar con cualquier situación judicial, ante la citación como testigo en el caso Pascua Lama. En la comuna de Lo Espejo, en un acto de campaña del candidato de la Nueva Mayoría, Miguel Ángel Barros, que se vio marcado por enfrentamientos entre adherentes de distintos candidatos, Lagos se refirió al conflicto en torno al detenido proyecto chileno-argentino.
Lagos deberá declarar como testigo, luego que un empresario chileno radicado en Canadá solicitara esta acción por una demanda que interpuso contra Barrick Gold, debido a que -según él- Pascua Lama estaría instalado en parte de sus terrenos.
Consultado sobre si concurrirá a la citación, respondió que es “obvio”. “Cualquier situación o instancia judicial, si uno puede colaborar, colabora. Mire qué fácil“, ironizó.
Juan Guillermo Torres, abogado querellante, explicó por qué el ex mandatario fue requerido a declarar como testigo en este caso.
“El documento que da origen a esta causa, está viciado absolutamente y fue dictado y promulgado por el expresidente Ricardo Lagos Escobar“, indicó.
De esta forma, Lagos señaló que no ha sido requerido, pero que se encuentra disponible para colaborar ante cualquier acción judicial.
En la otra vereda, tanto la justicia chilena como la argentina tienen investigaciones abiertas por el supuesto soborno de US$ 1.150.000 que LAN Chile -hoy Latam- pagó entre 2006 y 2007 a autoridades argentinas para ingresar al mercado de ese país, mientras el ex Presidente Sebastián Piñera era accionista mayoritario de la compañía.
Dichos pagos le costaron una multa de US$ 22.000.000 a la aerolínea ante la justicia estadounidense, lo que se supo el 22 de julio de este año, mientras que en los tribunales nacionales el persecutor de la fiscalía metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, ya cuenta con la declaración del propio ex jefe de Estado.
Ayer, Montes llegó hasta el Juzgado Federal de Lomas de Zamora para interrogar a dos ex colaboradores del gobierno de Néstor Kirchner, imputados por su participación en el caso, por lo que no se descartan nuevas diligencias que podrían aclarar el rol de Piñera en los hechos.
LA FORMALIZACIÓN DE ME-O
Para el miércoles 19 de octubre, a las 10:00 horas, quedó fijada la audiencia del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en que será formalizado el ex candidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami (MEO), en el marco del caso SQM por el presunto financiamiento irregular de su última campaña a La Moneda.
En la causa llevada adelante por el fiscal Pablo Gómez, el abanderado aparece como presunto facilitador de 34 boletas y facturas ideológicamente falsas que emitió la empresa de su ex colaborador Cristián Warner por 362 millones de pesos, las que fueron rectificadas por SQM Salar.
Tras conocer la decisión, ME-O calificó las acusaciones en su contra como “sin asidero” y “arbitrarias», y apuntó al fiscal Gómez como un «operador político» del ex Presidente Piñera, debido al que Gómez está casado con quien fue la ministra de Justicia durante la administración anterior, Patricia Pérez. (Emol-Bio Bio)
