“Estimando que la hostilidad o resentimiento manifestado por los abogados defensores indicados hacia mi persona pueden hacer presumir que no me encuentro revestida de la debida imparcialidad, me declaro inhabilitada para seguir conociendo de estos antecedentes”, señaló la jueza de garantía de Temuco, María Teresa Villagrán, al explicar la razón por la que se marginó del caso Luchsinger-Mackay.
La magistrada se refirió así a los amedrentamientos de los que habría sido objeto por parte de los profesionales de la Defensoría Penal Pública encargados de representar a los 11 comuneros mapuches formalizados por su eventual participación en la planificación y concreción del ataque incendiario que terminó con la vida del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivian Mackay.
A su turno, el vocero de fiscalía de Temuco, Roberto Garrido, recalcó que la determinación de la titular del tribual temuquense es un antecedente que “demuestra que se ha creado un clima enrarecido, de hostigamiento hacia los fiscales y en este caso a una jueza de este Tribunal, sobre la base de ataques personales”.
Para el hijo de las víctimas del fundo de Vilcún, Jorge Andrés Luchsinger, “la determinación de la jueza es una muy mala señal para todo el sistema”, informó La Tercera.
SUMARIO
Tras tomar conocimiento de la situación, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, dijo que ordenará la instrucción de sumarios a cargo del ministerio de Justicia para aclarar la situación que calificó de “intolerable”.
Por medio de esta indagatoria buscará establecer responsabilidades administrativas de las personas involucradas, como también que se presenten las denuncias ante los tribunales si existe responsabilidad penal.
Aleuy hizo el anuncio el jueves en la Región del Biobío, donde participó de Comité Interinstitucional de Persecución Penal en la Zona Biobío-Araucanía y a la que asistieron las presidentas de las Cortes de Apelaciones de Concepción, Patricia Mackay, y de Temuco, Cecilia Aravena, además de los fiscales regionales del Biobío y La Araucanía, intendentes y autoridades policiales.
“Es indispensable que demos una señal de respeto y resguardo de quienes son los encargados de estructurar y concretar el funcionamiento del sistema judicial. No vamos a aceptar acciones de amedrentamiento en contra de jueces, fiscales, policías y abogados querellantes. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y Carabineros han sido claros en denunciar esta situación”, apuntó (La Nación)
