Durante el 2015 escuchamos nueve propuestas distintas del Gobierno sobre el tema de la gratuidad en la educación superior. Al acercarnos al fin del año y al plazo de inscripción de los estudiantes, el ambiente de incertidumbre era total para miles de familias y las universidades, que no podían cerrar sus presupuestos 2016.
Cuando faltaban menos de 48 horas para despachar el proyecto del presupuesto, el Gobierno introdujo una glosa presupuestaria incorporando la gratuidad para el 40% más vulnerable, pero solo para los estudiantes del Cruch. Es decir, excluía del beneficio a cerca del 70% de estudiantes igualmente vulnerables que estudiaban en universidades privadas, IP o CFT.
Era difícil concebir una medida más discriminatoria, arbitraria y desigual. En el debate parlamentario se le dijo hasta el cansancio al Gobierno que la glosa de gratuidad era completamente inconstitucional. Incluso, se lo plantearon personeros de la propia Nueva Mayoría y constitucionalistas afines a ella.
Pero no se supo o quiso escuchar. Había que pasar la retroexcavadora, seguir la consigna de favorecer a las universidades estatales y no a los jóvenes vulnerables y menos conversar con la oposición para construir un acuerdo. Sordera y obstinación total.
A los diputados de Chile Vamos no les quedó otra alternativa que recurrir al Tribunal Constitucional para defender el principio de igualdad ante ley y la prohibición de establecer desigualdades arbitrarias. Tan evidente era la obstinación del Gobierno en excluir a los estudiantes de los IP y CFT, que contrató a un abogado para que alegara ante el TC que no existía discriminación.
El Tribunal puso las cosas en su lugar. Declaró inconstitucional la glosa y señaló que el sujeto del derecho social de Educación es la persona y no la institución y si el Estado otorga un beneficio para acceder a estudiar al 40% más vulnerable no puede excluir a ningún estudiante que se encuentre en la misma condición.
El Gobierno siguió sordo y obstinado pero ahora frente al propio fallo del TC. Al enviar el nuevo proyecto para ser despachado en tres días, volvió a excluir del beneficio de la gratuidad a la inmensa mayoría de los IP y CFT. Parecía increíble y así lo hizo aprobar en la Cámara de Diputados, nuevamente pasando su aplanadora. Hasta que llegó el día siguiente al Senado y en la Comisión de Educación los senadores Coloma, Allamand y Von Baer, hicieron ver que no se estaba respetando el fallo y por lo tanto no tendrían otra opción que recurrir nuevamente ante el TC.
Esta situación obligó al Gobierno, por primera vez formalmente, a escuchar a la oposición encabezada por los diputados Bellolio y Edwards, y alcanzar un acuerdo. Quizás no es la mejor de las formas pero al menos, gracias a que se logró que se escuchara al Tribunal y la oposición, los excluidos pasan a ser parte de los incluidos en el beneficio, sin importar la entidad a la que pertenecen.
Nos queda una gran pregunta después de esta nueva improvisación y obstinación ideológica del Gobierno: ¿Cuán distinto estaría hoy el país si en La Moneda y la Nueva Mayoría estuvieran oportunamente dispuestos a escuchar, dialogar y buscar acuerdos entre todos? Así se hizo grande el país en los años anteriores. Hoy, lamentablemente vemos cómo se debilita.
