“Un partido no es solo una suma de parlamentarios”, dijo ayer el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre. Se encontraba en la Comisión de Constitución de la Cámara, y defendía uno de los artículos clave de la reforma a la actual Ley de Partidos Políticos: el que permite a las colectividades dar órdenes a sus militantes.
“Es un tema más de deberes y derechos que de quitar libertades”, dijo el ministro, apuntando a que si un parlamentario compitió con el respaldado de un partido, tiene el deber de seguir su línea programática.
Con esta medida -explicó Eyzaguirre- se busca que los partidos puedan alinear a sus parlamentarios y “evitar que, de repente, porque algo sea anti-popular, alguno quiera desistir de apoyar esa posición”.
Aunque aún faltan definiciones respecto de las sanciones que podría recibir un parlamentario que incumpla una eventual orden de partido, según integrantes de la comisión estas pueden llegar incluso a la expulsión de la colectividad. Esto, en todo caso, deberá quedar consagrado en los estatutos de cada partido.
El artículo se aprobó con algunas precisiones, entre ellas, que las órdenes de partido solo podrán referirse a los asuntos en que se encuentren directamente comprometidos los principios y el programa del partido, y no su “línea política”, por considerarla muy amplia. Y también se aprobó sin un resguardo que ellos mismos le habían pedido al gobierno: que las órdenes no fueran aplicables en casos en que hubiera objeciones de conciencia.
“No se mantuvo la posibilidad de que puedan haber objeciones de conciencia a esa orden de partido, toda vez que la orden se va a permitir específicamente en torno a materias que son esenciales a un partido. Es un tema de lógica pura y de coherencia: si uno no está de acuerdo con los principios y programas, no debiera pertenecer al partido”, explicó el presidente de la comisión, Leonardo Soto (PS).
Lo mismo afirmó el diputado Fuad Chahín (DC) al interior de esa instancia. “Si tengo una objeción de conciencia respecto a los principios y programa de un partido, no puedo militar en ese partido simplemente”, señaló el legislador.
Las objeciones de conciencia han sido particularmente mencionadas este año a raíz de la tramitación del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. En el caso de la DC, por ejemplo, el partido resolvió dar libertad de acción a sus parlamentarios, en base a las convicciones personales, luego de un fuerte debate respecto de si legislar en esta materia atentaba contra los estatutos y principios del partido.
Consultado por la situación eventual de que una colectividad dé una orden en una materia valórica, sobre la cual no puedan esgrimirse objeciones de conciencia, el diputado Soto explicó que “si se aprueba esta normativa y los que están al interior de un partido comparten plenamente esa definición, sin duda podrían ser compelidos por la directiva a tomar una postura uniforme a partir del ordenamiento que pueda establecer esa directiva”. Sin embargo, precisó que esta es una herramienta que se entrega a los partidos, que pueden decidir utilizarla o no, y en qué momento.
Otra precisión que se hizo al artículo -que se aprobó con los rechazos de la oposición y del diputado DC René Saffirio- fue que las órdenes de partido, que regirán para parlamentarios, cores y concejales, también tengan incidencia en la política de alianzas. Según explicaron, con esto se busca precaver situaciones en que representantes de un partido en órganos colegiados tengan que decidir, por ejemplo, al reemplazante de un alcalde destituido, y apoyen a alguien externo a la alianza política.
El único voto disidente de la Nueva Mayoría fue el del diputado Saffirio, quien planteó que “la actividad parlamentaria se debilita cuando los ciudadanos que nos eligen perciben que es más importante la presión que se pueda ejercer sobre nosotros por parte de los órganos internos de los partidos que la presión de los propios ciudadanos”.
