La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) solicitó a la Contraloría General de la República que se pronuncie respecto de si el ex consejero de la entidad Rafael Guilisasti faltó a los deberes de probidad y reserva administrativa.
Ello luego de que Guilisasti renunciara al consejo directivo de la Corfo para asumir como presidente de las sociedades cascada, mediante las cuales Julio Ponce controla SQM, en medio del conflicto por el contrato de arrendamiento de pertendencias mineras en el Salar de Atacama.
«Considerando la naturaleza de las labores que implica el desempeño de Rafael Guilisasti Gana como consejero de la Corfo, estaba dotado de diversas atribuciones y funciones, incluyendo facultades de orden resolutivo, razón por la cual no cabe sino concluir que en dicha calidad ejerció una función pública y tuvo el carácter de autoridad de un órgano integrante de la Administración del Estado», señala el oficio presentado por la Corfo.
Asimismo asevera que Guilisasti «durante el ejercicio del cargo de consejero de esta corporación tuvo acceso a información reservada y confidencial, constatando este hecho, entre otros en la discusión relativa al proceso de arbitraje seguido contra SQM Salar y SQM».
«El ex consejero posee información privilegiada y de caracter confidencial, respecto de la cual tiene un deber de reserva. Esta situación y su renuncia para asumir en las denominadas «cascadas», a nuestro entender lo ha puesto en un evidente conflicto de interés. Se trata de intereses absolutamente inconciliables ¿Cómo responder a los deberes de lealtad que asumió para con las cascadas sino renunciando a los deberes previamente comprometidos con Corfo?», añade el oficio.
Específicamente la Corfo pide a la Contraloría que se pronuncie respecto de si Guilisasti en tanto consejero ejerció un función pública; que en tanto autoridad de un órgano integrante de la Administración del Estado le son aplicables las normas sobre probidad administrativa o actuación exenta de conflictos de interés y reserva; si sus conductas son constitutivas de un conflicto de interés y pugnan con los deberes de probidad que le son exigibles; y si la renuncia al consejo de Corfo y su inmediata asunción en las cascadas constituye infracción a los deberes que contrajo como consejero.
Corfo y SQM se encuentran envueltas en una disputa legal por el contrato de arrendamiento que la minera tiene en el Salar de Atacama. En junio pasado el consejo directivo de Corfo decidió rechazar la propuesta del juez y pedir el término anticipado del contrato, en el marco del juicio arbitral seguido por la entidad estatal en contra de SQM Salar S.A. y SQM S.A. ante el árbitro Héctor Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago.
Rafael Guilisasti renunció a su cargo como consejero de la Corfo el 3 de septiembre para integrarse a los directorios de las sociedades cascada, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande. El 14 del mismo mes los directorios de dichas sociedades decidieron designar a Guilisasti como presidente de cada una de las compañías. Ello luego que la semana anterior Julio Ponce renunciara a los directorios y la presidencia de las cascadas por «motivos personales».
