La decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de conceder la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por el brutal ataque contra su expareja Nabila Rifo, generó un fuerte rechazo en el Ejecutivo y en el Congreso Nacional. Desde el Gobierno confirmaron que apelarán la resolución judicial y anunciaron la solicitud de medidas extremas de protección para la víctima.
En el Parlamento, la reacción fue transversal. La diputada Claudia Mix (FA) manifestó que “por la crueldad y el impacto social de este crimen, no correspondía otorgar beneficios al agresor” y respaldó la apelación presentada por la Ministra de la Mujer. Francisca Bello (FA) calificó la liberación como una “señal preocupante” que representa un retroceso en la confianza de las mujeres hacia la justicia y advirtió que decisiones así revictimizan a sobrevivientes de violencia machista.
La senadora Paulina Núñez (RN) cuestionó el actuar judicial y señaló que, con la legislación actual sobre femicidio frustrado, Ortega habría recibido diferente calificación jurídica. Subrayó que el rechazo a esta liberación es mayoritario en la sociedad y expresó la esperanza de que la apelación prospere.
Natalia Romero (UDI) calificó la decisión como “una pésima señal” en contraste con los esfuerzos legislativos para endurecer penas a agresores de mujeres y niños. Instó al Gobierno a actuar con rapidez para revertir la decisión y evitar señales de impunidad.
Además, Carla Morales (RN) señaló que es “indignante” que Ortega haya quedado en libertad a pesar de las graves secuelas físicas y emocionales que causó a Nabila Rifo. Recalcó que la impunidad perpetúa ciclos de violencia y enfatizó que la apelación gubernamental es “lo mínimo esperado” para lograr un castigo acorde con la gravedad del delito.
En paralelo, el Ejecutivo ha solicitado medidas extremas de protección para la víctima y su entorno, en medio de la controversia generada por esta decisión judicial. (NP-Perplexity-Emol)
