Se trata de eliminar subsidios regresivos como el del diésel, condicionar los bonos de desempeño solo cuando se cumplan metas reales, reducir la burocracia que creció sin control y exigir equilibrio a empresas públicas deficitarias. Programas sociales duplicados e ineficientes, digitalización de trámites públicos, regalos a fundaciones amigas, abusos mediante el Registro Social de Hogares entregando datos falsos.
También hay que focalizar mejor la gratuidad universitaria, comprar de manera más eficiente en salud, combatir licencias médicas falsas y la evasión en el transporte.
Estas medidas permiten un ahorro potencial de entre US$ 7.300 y 9.500 millones (2% del PIB). Con ello no solo se aliviana la carga fiscal, sino que se recupera la confianza ciudadana en que los recursos públicos se administran con rigor y justicia.
Un Estado que gasta bien, se gana el respeto de los ciudadanos de bien. (El Mercurio)
Jorge Claro Mimica
Ingeniero civil y comercial
