En Chile estamos viviendo una de las mayores crisis migratorias de nuestra historia. Según el INE, más de 330 mil personas se encuentran en situación irregular a fines del 2023, el triple que a fines del 2021. Sin embargo, escuchamos nuevamente voces que proponen la misma receta: perdonazos y regularizaciones masivas. Esta vez, desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), cuyo presidente planteó que, ante la falta de mano de obra agrícola, habría que abrir un proceso de regularización o una formalización, idea que incluso algunos senadores han respaldado.
La SNA dijo que existían entre 500 a 800 mil extranjeros irregulares, pero estos datos entregados no tienen respaldo en la información oficial y, peor aún, se omite el costo que estas medidas han tenido en cohesión social y seguridad. Que se hable de “formalizar” a extranjeros que ingresaron como turistas resulta alarmante: ese mismo error permitió en años pasados la entrada de más de 900 mil “turistas laborales”, una de las principales causas de la irregularidad que hoy enfrentamos. La solución no puede ser repetir lo que ya fracasó.
La realidad es clara: no podemos sacrificar el control migratorio ni seguir alimentando al crimen organizado que trafica con personas sólo porque resulta más barato cosechar. Esa mirada cortoplacista es un incentivo directo a más ingresos ilegales, porque cada cierto tiempo se termina premiando a quienes quebrantan la ley. Lo que Chile necesita es exactamente lo contrario: cortar de raíz esos incentivos y establecer sanciones ejemplares a los empleadores que contratan sin autorización, como ocurre en los países serios.
Existen instrumentos mucho más responsables. Uno de ellos son las salidas voluntarias, que permiten que personas en situación irregular abandonen el país de manera ordenada, sin sobrecargar a las policías ni a los tribunales, y con la posibilidad de volver a postular en el futuro a una visa legal. Otro es la visa de trabajador de temporada, utilizada con éxito en Europa y Canadá, que permite cubrir necesidades del agro sin transformarse en residencia definitiva. En Chile esta visa existe, pero casi no se ocupa, porque algunos prefieren el atajo de la regularización porque es más fácil, mientras los municipios cargan con los costos sociales de la migración ilegal.
A quienes promueven estos perdonazos los invito a recorrer de noche, sin escoltas, los campamentos de Alto Hospicio o los cerros de Antofagasta, a plantear sus medidas. Ahí verán que la regularización automática no resuelve nada: sólo profundiza la marginalidad, la informalidad y la inseguridad.
Chile debe optar por una migración regular, ordenada y legal. Hoy lo que corresponde es responsabilidad y seriedad: más políticas que devuelvan orden, soberanía y confianza a los ciudadanos. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
