La Subsecretaría del Trabajo, bajo el alero del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, posee el mandato de “generar políticas públicas orientadas a promover la creación de empleos de calidad” (RE N° 260). Su misión primordial es impulsar el crecimiento del mercado laboral, enfatizando la calidad ocupacional y la reducción de la informalidad. Para ello, dispone de herramientas para coordinar acciones con ministerios económicos, regular el ámbito laboral, y dirigir programas de capacitación y subsidios.
Ante este mandato, las actuales cifras de desempleo ameritan una exigencia de explicaciones al Ministerio del Trabajo. En los últimos 15 años, ha habido crisis económicas, financieras, terremotos, crisis sanitarias, entre otras calamidades, en todo ese periodo el promedio de desempleo masculino alcanzó el 7%, y el femenino el 8,4%.
Puntualmente, en marzo de 2022, al salir de la pandemia e ingresar con la actual administración, el desempleo masculino se situaba en 7,2% y el femenino en 8,7%. Sin embargo, hoy observamos un desempleo de 8% para hombres y un 10,1% para mujeres, indicadores que revelan un panorama críticamente peor.
Respecto a la calidad del empleo, la cartera que recibió la entonces ministra Jeannette Jara en marzo de 2022 tenía un mercado laboral con el 65,5% de ocupados cotizando. Actualmente, este porcentaje ha descendido a un 62,2%, es decir, el porcentaje de trabajadores con seguridad social es mucho menor que a principios de 2022.
Es relevante señalar que el reciente informe de la comisión presidencial para la actualización de la medición de la pobreza (Larrañaga et al., 2025) propone incorporar la ausencia de seguridad social como un factor de carencia, una de las trece dimensiones consideradas esenciales para una vida digna.
El declive en la cantidad y calidad del empleo resulta desalentador. Surge entonces la pregunta: ¿Qué ha estado haciendo el Ministerio del Trabajo en estos últimos tres años y medio para promover la creación de empleo? Si la respuesta es:
(1) Aumento de salario mínimo, esta puede ser una medida importante para los trabajadores, pero no puede considerarse bajo ningún punto de vista como promotora del empleo formal.
(2) Reducción de la jornada laboral a 40 horas, ciertamente no se alinea con ninguna estrategia de fomento ocupacional, y
(3) La Reforma de Pensiones, fue liderada por Hacienda, no por la cartera en cuestión.
Debemos ser justos “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Jesucristo, Siglo I d.C). El éxito de la Reforma de Pensiones se debe a las negociaciones dirigidas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, así como a la colaboración de los senadores Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea, Felipe Kast y Luciano Cruz-Coke.
Además, la tramitación legislativa fue resultado del trabajo de equipos de Hacienda, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Superintendencia de Pensiones —una entidad autónoma ligada al Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través de la Subsecretaría de Previsión Social—, no del Ministerio del Trabajo en sí ni de la Subsecretaría del Trabajo.
Una cuestión distinta surge si, por estrategia política, el Gobierno busca atribuir dicho logro a su candidata presidencial. Tal acción representaría una grave distorsión de la verdad ante la ciudadanía.
En consecuencia, las autoridades actuales y pasadas del Ministerio del Trabajo deben asumir su responsabilidad y rendir cuentas. No solo por las acciones deficientes, sino, crucialmente, por lo que se dejó de hacer para cumplir objetivo principal de la Subsecretaría del Trabajo “generar políticas públicas orientadas a promover la creación de empleos… “. (Ex Ante)
Natalia Aránguiz
