Esta medida contradice la legislación específica vigente que regula el régimen de aportes financieros del Estado a estos organismos, que establece que los recursos estatales se entregan mensualmente después de la ejecución de las prestaciones, y con una estricta supervisión y control.
Además, desconocer la realidad operativa de los programas que hemos mantenido por años, depender del aporte estatal que solo cubre el 75% de los gastos y buscar garantizar una cifra tan alta como 45 millones de pesos, no es viable.
Esta exigencia no solo genera incertidumbre en el sistema, sino que expulsa a muchas fundaciones que, al no poder cumplir con esa garantía, quedarán fuera del proceso, afectando directamente a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Actualmente, más de 41.000 niños y adolescentes se encuentran en lista de espera, lo que demuestra que el sistema ya está al límite.
No podemos permitir que la solución al golpe reputacional que ha sufrido el sistema recaiga sobre quienes hemos demostrado, durante años, estar donde el Estado no llega. Exigir garantías que no podemos dar es, en la práctica, excluirnos del sistema y poner en riesgo la continuidad de las atenciones necesarias para los niños y niñas que más lo requieren.
Hacemos un llamado urgente al Gobierno a revisar esta medida para asegurar la continuidad de los servicios de protección. La protección de la niñez no puede quedar supeditada a mecanismos administrativos carentes de fundamento. Requiere de decisiones coherentes, recursos suficientes y un compromiso firme con los derechos de quienes más lo necesitan. El Estado no puede desentenderse de su responsabilidad. La niñez no puede esperar. (El Mercurio Cartas)
Paulina Fernández
Aldeas Infantiles SOS
Erica Ponce
Fundación Niño y Patria
Lisette Allende
Fundación María de la Luz
Daniela Vergara
Corporación Crecer Mejor
Mónica Hernández
Fundación Koinomadelfia
Teresa Izquierdo
Fundación Misión de María
