Explicaciones es lo que parlamentarios buscan de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y del titular de Vivienda, Carlos Montes, sobre el trato al que llegó el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) con la Fundación Salvador Allende, con el objeto de pagar la deuda que la entidad comenzó a acumular desde el 2004 por la compra del Palacio Heiremans en UF 27.493. Es decir, cerca de mil millones de pesos.
Tras años de deuda, y diferentes fórmulas ofrecidas por el Serviu para repactar, en 2017, ambas partes llegaron a una suerte de trueque que radicó en la entrega de 93 obras de arte de artistas brasileros de parte de la fundación al Servicio. Así todo, a ocho años del acuerdo, las obras aún no están en manos del Serviu.
Esto ha llamado la atención en la Cámara, donde está por concluir la Comisión Especial Investigadora por la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
El titular de dicha instancia, el diputado Andrés Longton (RN), reprochó que «estas situaciones de privilegio que ha gozado la familia Allende en su trato con gobiernos de izquierda, pagando deudas con obras para que sean administradas por la misma fundación Allende es inaceptable».
«Es exactamente el mismo mecanismo usado con la fallida compra de la casa de el expresidente Allende, para no desprenderse de esta. Una operación muy desfavorable trato para el Estado y para los chilenos pero muy conveniente y excepcional para la fundación Allende», apuntó.
Con esas consideraciones, adelantó que «buscaremos que a través de las respectivas comisiones de Cultura y Vivienda se rinda cuenta de los traspasos de los recursos hechos a la fundación Allende y también den explicaciones de como es posible que se hayan saltado procedimientos de manera tan grosera como constató Contraloría».
«Además de conocer el estado de las obras y su valor y se proceda a hacer retiro de estas de la fundación para que puedan ser reubicadas a través del ministerio de Cultura. Acá se tiene que tener en consideración avanzar en una nulidad de derecho público, a pesar de lo dificultoso que puede llegar a ser», aseveró.
A su vez, la diputada integrante de la CEI por casa Allende, Joanna Pérez (Demócratas), consideró que «más allá del trabajo de la Comisión Investigadora sobre la compra de la casa del expresidente Allende, que ya está concluyendo, surge esta otra arista que tiene que ver con la Fundación y con una deuda que arrastra producto del año 2004, donde además se comprometió a restituir estas pinturas y que no lo ha hecho».
«Esto por cierto que nos interesa esclarecer y lo más probable es que esto va a ser abordado en la Comisión de Cultura u otras instancias y se analizará si esto se escala a otra instancia fiscalizadora. Pero, por sobre todo acá, el Estado es uno solo y así como el Servicio de Impuestos Internos persigue a quienes hoy día deben, adeudan como contribuyente, también debe hacerlo en este caso la instancia de Cultura y especialmente para cumplir un acuerdo de restitución de recursos o bienes que ingresen al erario fiscal y por lo tanto, esto tendrá que esclarecerse y ver qué responsabilidades hay en la materia», sostuvo.
La también integrante de la CEI por casa Allende, la diputada Marlene Pérez (UDI) aseveró que Cultura, «es uno de los Ministerios claves en lograr esclarecer este cúmulo de desaciertos». «Esperemos esté a la altura de su cargo y actúe con transparencia», afirmó.
En tanto, el diputado de la comisión de Cultura, Eduardo Durán (RN), señaló que «este caso no es un simple cambalache, es el símbolo de cómo se administra el poder cultural con criterios ideológicos y favores políticos. Aquí no hay promoción del arte ni resguardo patrimonial, hay truques irregulares, ausencia de control y una ministra que parece más interesada en blindar fundaciones afines que en transparentar sus actos».
«En la Comisión Cultura vamos a exigir explicaciones y responsabilidades, no vamos a permitir que el patrimonio de todos los chilenos se use como moneda de cambio para pagar lealtades», advirtió. Del mismo modo, el diputado Jorge Durán (RN), también miembro de la comisión de Cultura, apuntó que «la ministra Arredondo tiene el deber de venir a dar la cara y explicar en detalle los millonarios traspasos a la Fundación Salvador Allende».
«Este caso no solo huele a irregularidad, sino que ya se ha convertido en un escándalo político que golpea directamente la credibilidad del Gobierno. Desde la Comisión de Cultura exigiremos transparencia total: Ya basta de que el Gobierno no se haga responsable de las faltas a la probidad que tanto buscaban erradicar del aparato público y que resultaron ser los peores de la historia. Los recursos públicos no pueden seguir usándose como caja pagadora de fundaciones ligadas a sectores oficialistas». (Emol)
