La ministra de Ciencias y vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, abordó el nuevo antecedente conocido sobre la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, y que apunta a que en dos semanas, el Ejecutivo elevó en casi $100 millones más el costo del inmueble.
Si bien el ministerio de Bienes Nacionales determinó el pasado 12 de septiembre un valor total del domicilio de Guardia Vieja en $828.920.942, el cálculo fue protestado por la familia Allende, con lo que la cartera definió un valor a pagar de $922.152.558. Todo en el marco de 15 días.
En conversación con Radio Infinita, la portavoz del Ejecutivo relevó que «hay investigaciones en curso por parte de la Fiscalía y además existe un sumario administrativo en Bienes Nacionales que lo que nos va a permitir es dilucidar efectivamente qué ocurrió y dónde ocurrieron las fallas y también determinar las responsabilidades que correspondan en esas instancias donde eso ocurre«.
«Nosotros lo hemos dicho siempre, el interés del resguardo patrimonial es algo que ha caracterizado a este gobierno, que es importante, que nos ayuda a construir historia, pero aquí las cosas ocurrieron de una manera que no tenían que ocurrir y ahí está el resultado, el proyecto no se pudo llevar adelante, hubo que frenarlo a mitad de camino, no tuvo consecuencias porque no se transfirió propiedad, ni recursos, ni otro, pero sin duda las cosas no se hicieron como tenían que hacerse y es por eso que estas investigaciones son fundamentales», sostuvo.
En ese sentido, indicó el alza de precio «es parte de lo que hoy día está en investigación y aquí lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando existen procedimientos en curso, es muy importante que nosotros como Ejecutivo no nos pronunciemos públicamente, sobre todo cuando se trata de trascendido o algunas filtraciones que aparecen en los medios, de manera de no intervenir con esa investigación».
Sobre las consecuencias políticas del caso, principalmente hacia la ministra de Defensa, Maya Fernández, contra quien la oposición presentó un recurso de inhabilidad al Tribunal Constitucional que este admitió a trámite, Etcheverry insistió que «hoy día existe un sumario administrativo, un procedimiento, una investigación por parte de la Fiscalía».
«El Tribunal Constitucional está también revisando el asunto, todo esto, por supuesto, los parlamentarios tienen el derecho a utilizar sus atribuciones y a presentar los requerimientos que quieran, pero es importante señalar que esto está siendo visto desde distintas partes y uno se hace la pregunta de si, en el fondo, vale la pena incorporar otro elemento más, pero, de nuevo, es prerrogativa de los parlamentarios», agregó.
Y concluyó que «lo que nosotros hemos dicho, y eso no va a cambiar, es que estos procesos son los procesos institucionales y tienen que llevarse adelante. Hay que colaborar con ellos y que vamos a estar atentos a los resultados de aquellos. Es lo normal que tiene que ocurrir en estos casos. Sin importar quién sea la parte involucrada».(Emol Infinita)
