Hace cinco años, más de un millón de personas se reunieron para expresar su frustración ante promesas incumplidas de larga data. La dinámica de reducción de la pobreza y el aumento de bienestar y expectativas de una clase media emergente, resultantes del crecimiento y políticas enfocadas en mejorar los bienes públicos en la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI, se habían visto estancados para desencanto de los chilenos que esperaban continuar mejorando sus vidas.
En los años posteriores a esa gran protesta, y las que le siguieron, fueron lamentablemente interpretadas y traducidas por parte de la clase política como el deseo de dar un vuelco institucional radical, partiendo por una nueva Constitución. El error de interpretación fue evidente en el rechazo de las dos propuestas constitucionales que reflejaron más las reivindicaciones de grupos minoritarios con influencia política que las prioridades de la mayoría.
El proceso político y social de los últimos cinco años es mucho más complejo de lo que pueden abarcar estas líneas. Pero en base a los estudios de opinión de los últimos dos años, deberíamos ser capaces de esbozar líneas de acción que den respuesta a los problemas fundamentales que agobian a los chilenos.
La seguridad pública y el combate al crimen organizado aparecen en primera prioridad para los chilenos, y merecen un análisis aparte; pero luego se destacan la escasez y precariedad del empleo; el estancamiento de los ingresos; la imposibilidad de financiar una vivienda; la mala calidad de la salud pública; el deterioro de la educación; el deterioro de los espacios públicos, entre otros muchos problemas muy sentidos.
Las soluciones planteadas durante estos cinco años han estado dirigidas principalmente a legislar para implementar grandes reformas estructurales en salud y previsión, y aumentar los ingresos fiscales, y las propuestas se han inspirado en una concepción estática de los fenómenos económicos y sociales, privilegiando repartir los recursos existentes, y no aumentar la base de recursos sobre los cuales apoyar una mejor calidad integral de vida para todos.
Así, dado que seguimos siendo un país apenas en proceso de desarrollo, las propuestas permitirían repartir la pobreza más que mejorar sostenidamente el bienestar de la mayoría de menores recursos. Estas reformas no han concitado consensos y han sido objeto de críticas transversales de parte de profesionales expertos en las diversas materias, justamente porque no representan soluciones sostenibles en el mediano plazo.
Por otra parte, nada se ha hecho para mejorar la gestión en los órganos del Estado para usar mejor los recursos existentes y mejorar la calidad de los servicios.
Finalmente, en parte debido a un clima de desconfianza hacia el sector privado, en parte a sistemas de gestión ineficientes y a la acumulación y superposición de normas que complejizan los procesos, la inversión se ha ralentizado respecto de lo observado hace una década y media, por la ineficiencia en la aprobación de permisos, la reducción de la confianza en la estabilidad de las normas, y la incertidumbre respecto de los procesos de autorización y luego fiscalización por parte del Estado.
Para dar respuesta a las ambiciones de mayor bienestar de la mayoría de los chilenos y resolver los graves problemas sociales que nos permitan avanzar hacia un desarrollo inclusivo, se requiere dar un salto en inversión y productividad, impulsando un círculo virtuoso económico y social.
Entre las medidas a considerar está un estatuto de invariabilidad normativa por 25 años para los proyectos de inversión cuya ejecución comience en los próximos 10 años; la revisión de la gestión de los servicios públicos responsables de aprobaciones a la inversión y la exigencia de cumplimiento de los plazos legales; la creación de una unidad (en el Ministerio de Hacienda u otro —por favor, no nuevos ministerios—) encargada de la revisión de procesos de aprobación que asegure que las condiciones que se ponen a los proyectos se refieran en forma estricta a aspectos demostradamente sustantivos de afectación social y ambiental.
Medidas de este tipo han llegado a ser urgentes porque nuestro país, creciendo al 2% anual, no será capaz de cumplir con las expectativas de la mayoría normalmente silenciosa que manifestó su descontento hace cinco años, y si seguimos por la misma vía que en los últimos años, volverá a las calles y su frustración será aprovechada nuevamente por grupos que buscan la desestabilización social y no el mayor bienestar de la mayoría a la que se debe responder en una democracia.
Esto solo formaría parte de un tratamiento de urgencia para un enfermo en estado crítico; sigue pendiente la tarea de concordar en forma amplia una estrategia de mediano y largo plazo. (El Mercurio)
Vivianne Blanlot Soza
