El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó las amenazas que al menos cinco alcaldes de la Región Metropolitana han recibido por parte de grupos criminales, entre ellos, la jefa comunal de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), quien se encuentra con protección policial.
La autoridad dijo esta mañana a Cooperativa que son «entre cuatro y cinco» las autoridades comunales en esta situación y que «están con medidas de protección». Se trata de amenazas «vinculadas a las declaraciones que ellos han hecho y las acciones que han emprendido contra determinados delincuentes, asociaciones o grupos delictuales de sus territorios«.
En esa línea, la autoridad del Interior aclaró que «cuando hay una denuncia por amenaza contra la autoridad, el que decreta las medidas de protección no es el Gobierno, es el Ministerio Público, o sea un fiscal«.
Asimismo, aclaró que si hay testigos protegidos, «el Gobierno no sabe quién es, porque evidentemente es un testigo protegido que su nombre e identidad solo la sabe el Ministerio Público».
Monsalve comentó que la semana pasada se reunió con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para poder consultarle si él consideraba que había que fortalecer las medidas disponibles, «para poder tomar medidas de protección, ya sea sobre autoridades, pero sobre todo, sobre víctimas y testigos».
De esa conversación, se conformó un equipo conjunto, «y esperamos que en el marco del gabinete pro Seguridad que dirige el Presidente, hacer una propuesta conjunta entre el Ministerio Público y la Subsecretaría del Interior, con el objeto de proponer un fortalecimiento de las capacidades que la Fiscalía tiene para decretar medidas de protección».
Lo anterior, porque «hoy día los riesgos son más altos, y porque hoy día tenemos más testigos en casos donde se persiguen organizaciones criminales; hay testigos en estos juicios y son más, por lo tanto, se requieren más recursos».
«SEGUIR EL DINERO»
Monsalve también se refirió a las herramientas que la autoridad necesitan para detener el avance del crimen organizado.
Sobre este último punto y consultado acerca del levantamiento de secreto bancario, la autoridad expresó que era muy importante avanzar en su aprobación para perseguir el crimen organizado, a la vez que cuestionó el por qué algunos se oponían a la medida. considerando que es clave para avanzar en esta materia para desarticular estos grupos.
“Quiero ser súper directo: esta acusación de que levantar el secreto bancario pudiera ser usado para perseguir a opositores políticos es una mentira, una completa mentira, y una mentira que se usa para evitar que el Estado tenga una herramienta para perseguir el dinero”, acusó el exdiputado socialista.
“Veamos lo que hay detrás de la violencia que ven los chilenos y los chilenos no quieren: detrás de esa violencia hay armas, detrás de ese violencia hay una organización criminal, y detrás de esa violencia hay un negocio, alguien que gana plata”, explicó.
“Si no ganara plata con ese negocio, no tendríamos ni las armas ni la violencia. Por lo tanto perseguir el dinero es algo que está discutido en todo el mundo, negarse a esto es mostrar ignorancia. El que dice que no hay que perseguir dinero lo que muestra es ignorancia respecto a lo que resulta en el mundo”, continuó.
ESTACIÓN CENTRAL Y CERRILLOS CONFIRMAN PROTECCIÓN
Los alcaldes Felipe Muñoz y Lorena Facuse, de Estación Central y Cerrillos respectivamente, confirmaron que cuentan con algunas medidas de protección ante amenazas que han recibido en el marco combate contra el crimen organizado.
Fue durante una mesa de trabajo respecto a la agenda de seguridad en la que participaron distintos jefes comunales, además de los mencionados. En la cita estuvieron Maximiliano Ríos, de Lo Prado; Paulina Bobadilla, de Quilicura; Lorena Olavarría, de Melipilla; Jonathan Opazo, de Lampa e Ítalo Bravo, de Pudahuel.
También asistieron los diputados Claudia Mix (Comunes), Rubén Oyarzo (PDG) y Viviana Delgado (INDP).
Tras las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en donde aseguró que hay “entre cuatro o cinco” alcaldes con medidas de protección por amenazas. Los ediles de Estación Central y Cerrillos fueron consultados si ellos contaban con estas.
Lorena Facuse fue la primera en contestar, indicando que “cada vez que uno se enfrenta contra el crimen organizado, cualquier tipo de delito, ocurren este tipo de cosas”, agregando que como alcaldes y alcaldesas “es nuestro deber hacerlo”.
“Tenemos algunas medidas de protección, que no se pueden comentar acá”, afirmó.
Por su parte, el jefe comunal Felipe Muñoz explicó que en coordinación con Carabineros establecieron nuevos protocolos de seguridad para a quien le toque ejercer el cargo en el que esta actualmente. Esto para “poder evitar acciones que puedan dejar expuestas también a la primera autoridad comunal”, detalló.
Asimismo, reiteró parte de las palabras dichas por Facuse, indicando que recibir amenazas es el “costo” por perseguir al crimen organizado. “Nosotros entendemos que esa es la labor que les toca hoy día a los alcaldes y alcaldesas en cada uno de sus territorios, de poder recuperar los espacios públicos, hacer que haya nuevamente control, paz, tranquilidad en nuestros barrios, nuestras villas, nuestras poblaciones”, recalcó Muñoz.
A su vez, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, fue consultado por ello en perspectiva de su cargo como vicepresidente en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en donde expresó que él cree que en esa materia “cada uno de los municipios toma su resguardo”.
“Es una situación bastante compleja, ¿cierto? y de la protección de las policías. Si usted me pregunta si conozco el número exacto, no, no lo conozco. Pero, uno muchas veces se va dando cuenta de que va aumentando el número de jefes comunales que requieren de esta protección”, afirmó. (Emol-La Tercera)
