Un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que incluye la retirada de fondos para el programa de exención de visados de Chile, también conocida como Visa Waiver.
La medida, aprobada por 33 votos a favor frente a 25 en contra, incluye una enmienda que impide el uso de fondos para procesar la entrada de ciudadanos chilenos a través de este programa hasta que las autoridades nacionales no compartan datos sobre los antecedentes penales de las personas que viajan a EE.UU.
La enmienda se incluyó en la propuesta de presupuesto para el DHS después de que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, criticara el programa de exención de visados para Chile durante un discurso en California la semana pasada.
Según McCarthy, muchos ciudadanos chilenos que entran en el país norteamericano a través de este programa pertenecen a redes de crimen organizado que cometen atracos en hogares y negocios californianos.
Retirar a Chile del programa de exención de visados, según el republicano, permitiría a las autoridades estadounidenses comprobar los antecedentes penales de los viajeros chilenos que entran en el país.
Chile es el único país latinoamericano que forma parte del programa de exención de visados estadounidense pero, a diferencia de otras naciones que también forman parte del programa, las autoridades chilenas no permiten la verificación de los antecedentes penales de los viajeros.
Desde hace tiempo, políticos estadounidenses de ambos partidos han avisado de que hay redes criminales que aprovechan esta situación para atacar empresas en California y otros lugares.
CHILE ANTICIPA ACUERDO DE INFORMACIÓN
El Gobierno subió este jueves el tono ante la polémica en el congreso estadounidense por la mantención del beneficio de la visa waiver a Chile. Y las reacciones se hicieron sentir desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago, como desde Washignton a través del embajador chileno en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés.
«Nos preocupa que este tema se esté politizando en el contexto de un clima electoral, porque se trata de un componente importante de nuestra relación bilateral con otro Estado”, dijeron desde la Cancillería.
La cartera, liderada por el ministro Alberto van Klaveren, recordó que de manera conjunta y coordinada el último año, una Mesa Interinstitucional compuesta por el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Policías y Registro Civil, ha trabajado como contraparte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para establecer mecanismos más efectivos y ágiles para intercambiar antecedentes penales, como parte del plan de trabajo Visa Waiver.
Justamente, agregaron, esta semana un equipo técnico de alto nivel de esta Mesa Interinstitucional se encuentra en Washington DC, en reunión de trabajo con el DHS, cuyos avances serán comunicados oportunamente por cancillería.
De hecho, el embajador Juan Gabriel Valdés sostuvo que los equipos técnicos de Homeland Security (DHS) y de la Cancillería, el Ministerio del Interior y el Registro Civil «han avanzado con pleno consenso en las normas y mecanismos que aseguran el intercambio expedito de antecedentes penales de los solicitantes de Visa Waiver”.
Esto podría ser la solución a los cuestionamientos de parlamentarios republicanos estadounidense, que están condicionando la aprobación de recursos para el DHS al término del programa Visa Waiver para Chile.
Valdés precisó en su cuenta de Twitter que las reuniones continúan mañana y «esperamos que los consensos conduzcan a un resultado que satisface plenamente a ambas partes. Comité de la Cámara ha condicionado el financiamiento del programa al cumplimiento de las conversaciones. Está en su derecho y el acuerdo le da respuesta”.
La norma fue aprobada por 33 votos a favor frente a 25 en contra y en lo central incluye una enmienda que impide el uso de fondos para procesar la entrada de ciudadanos chilenos a través de este programa hasta que las autoridades nacionales no compartan datos sobre los antecedentes penales de las personas que viajan a ese país.
El representante diplomático también sostuvo que frente a la compleja situación “la agitación y la exageración no ayudan el desarrollo de estos intercambios. La calma es necesaria ante procesos en curso”.
En este contexto, la Cancillería también recalcó que «nuestras buenas relaciones con Estados Unidos se mantienen, como siempre”.
«MANO BLANDA» DE TRIBUNALES
Hace pocos días, el Departamento de Estado (DE) de Estados Unidos emitió su tradicional Informe sobre la Trata de Personas 2023, centrado en Chile. El reporte se inicia más o menos favorable para el país, señalando que este cumple “con los estándares mínimos de eliminación del tráfico” y, luego, agrega que “el gobierno ha mostrado esfuerzos serios y sostenidos durante el periodo” en orden a erradicar la trata de personas, los que “incluyen investigar y perseguir a supuestos traficantes e incrementar la penalidad para quienes trafican menores con fines de explotación sexual”.
Sin embargo, a juicio de la agencia a cargo de la política exterior estadounidense, “los tribunales chilenos emitieron condenas indulgentes en contra de traficantes convictos, lo que redunda en un patrón de sentencias suspendidas que mina los esfuerzos nacionales para combatir el tráfico“, dirigiendo también una crítica al Ministerio Público, pues el mismo informe señala que “la atención a las víctimas es dispareja, con acceso limitado a la protección de víctimas hombres”.
La abogada Carolina Rudnick, presidenta de la organización no gubernamental (ONG) Libera, especializada en combatir y denunciar la trata de personas y la esclavitud, explica al respecto que el informe de EE.UU. “evalúa a los países en sus niveles de implementación de políticas de prevención, protección y asistencia a víctimas” y que tradicionalmente Chile ha sido señalado como “un país de sentencias bajas, muy leves, que no se condecían con la gravedad de la conducta” en casos de tráfico de personas.
En efecto, en referencia a las numerosas salidas alternativas que ofrece el sistema procesal penal, los estadounidenses indican también que “con frecuencia, los jueces suspenden o conmutan sentencias de menos de cinco años de prisión, incluso cuando se trata de sentencias en casos de tráfico de personas y de otros crímenes graves“.
Destacando, en tal sentido, que en diciembre de 2002 se enmendó el artículo 367 del Código Penal, que sanciona a quienes promuevan o faciliten la prostitución infantil, se critican duramente varias resoluciones judiciales, entre ellas, los tres años y un día que, en un juicio abreviado, recibieron tres traficantes de personas.
Otro caso que se menciona ácidamente es el de un chofer de buses que recibió 17 años de cárcel, como autor de explotación sexual de niñas de Valparaíso, juicio que después fue anulado por la Corte de Apelaciones.
Ante ello, se indica que “muchos traficantes condenados en tribunales chilenos cumplieron sus penas en libertad condicional, sin prisión después del juicio. En los últimos tres años, los jueces condenaron a nueve de 28 traficantes a penas que están sobre el mínimo obligatorio y suspendieron las sentencias del 68 por ciento de los traficantes condenados desde 2021, lo que debilita la disuasión“.
FISCALÍA
En el caso del Ministerio Público, el documento señala que no existen fiscalías especializadas en tráfico de personas y que “observadores han expresado preocupación en orden a que algunos fiscales locales no están familiarizados con el tráfico de personas y fallan en reconocer los crímenes de este tipo, especialmente los casos de trata de personas con fines de trabajos forzados”.
En medio de este panorama, se destaca que, durante 2022, la Fiscalía –junto a Sernameg y otros entes estatales– proveyó atención especializada a 51 víctimas (31 de ellas mujeres), todas extranjeras: venezolanas, dominicanas, peruanas y bolivianas, agregando que, mientras todas las mujeres fueron localizadas en refugios, no existen lugares donde proteger a los hombres que han sido víctimas de trata de personas, por lo cual la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público los tuvo que ir dejando en hoteles. En términos de dinero, la protección de estas víctimas significó 62 millones de pesos a las Unidades Regionales de Atención a las Víctimas y Testigos (URAVIT) y 129.7 millones al Sernameg.
El tráfico de personas, argumentan los norteamericanos, afecta en mayor medida a mujeres de origen extranjero, principalmente de Venezuela y Colombia, y –al respecto– se citan “informes del gobierno que indican que los migrantes bolivianos, colombianos, paraguayos y tailandeses son especialmente vulnerables al tráfico“.
Asimismo, el texto especifica que “los niños que se encuentran en centros de protección de la infancia están en riesgo de abuso sexual, incluyendo el tráfico, y algunos traficantes reclutan niños que están bajo cuidado estatal“.
Del mismo modo, se denuncia que existen personas explotadas laboralmente “en la minería, agricultura, acuicultura, construcción, venta callejera, servicios domésticos, hotelería, restaurantes y venta de ropa”.
Por otro lado, aludiendo al Tren de Aragua y otras entidades mafiosas, el Departamento de Estado asegura que “organizaciones criminales transnacionales explotan víctimas, especialmente mujeres y niños extranjeros, traficándolos con fines de sexo y explotación laboral en todo Chile“.
Ante ello, Rudnick señala que en las recomendaciones que formula el DE estadounidense figura como prioritario “el poder identificar una activación de víctimas de trata en el marco de los grupos migrantes vulnerables”, a lo que se agrega –según indica el informe– “investigar vigorosamente, perseguir y, cuando corresponda, condenar a traficantes, incluyendo a los traficantes domésticos de niños con fines de explotación sexual”.
ARGUMENTOS DEL FA EN 2014
Miércoles 11 de junio del 2014. La Cámara de Diputados aprueba acuerdo entre Chile y Estados Unidos para unirse a Visa Waiver. 76 parlamentarios aprobaron, 9 se abstuvieron y 17 votaron en contra.
«Hoy se votó en la Cámara el proyecto de Visa Waiver con USA. Voté en contra porque creo que no se protegen adecuadamente datos personales». Son palabras de Gabriel Boric, en ese entonces diputado de Convergencia Social por Magallanes, y hoy Presidente de la República.
El Mandatario fue uno de los 17 que rechazaron el acuerdo, y su argumento fue la entrega de datos personales«.
En el listado de los parlamentarios que votaron en contra también aparecen dos que actualmente están en el Gobierno. La vocera Camila Vallejo, ex diputada del PC, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS). Mientras que Giorgio Jackson, hoy ministro de Desarrollo Social, y el 2014 parlamentario de Revolución Democrática, se abstuvo.
¿Por qué rechazó el PC? En comunicado de hace nueve años, el partido apuntó que «el acuerdo atenta contra derechos básicos de las personas establecidos en el ordenamiento jurídico nacional, entre ellos la igualdad ante la ley y el derecho a la defensa judicial al permitir que se lleven a efecto investigaciones en otro país con datos de ciudadanos chilenos entregados por la autoridad chilena; el derecho a la protección de la vida privada y la honra, al tener un registro automatizado de los datos personales, huellas dactilares y ADN que puede ser consultado a voluntad de instituciones como el FBI y las policías norteamericanas».
Entre otros argumentos también sostuvieron que «el acuerdo abre la posibilidad de acceder a datos personales no sólo de quienes resulten culpables de ‘delitos graves’; sino también, de cualquier chileno, al establecer que basta pedirlos en virtud de relacionar a cualquier persona con sospechas de colaborar con el ‘terrorismo’.
En ese marco, permite conocer estadísticas de viaje de chilenos a países calificados como ‘terroristas’ o ‘colaboradores con el terrorismo’ por el gobierno de Estados Unidos«.
Hoy el tema genera controversia, ya que un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó ayer un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que incluye la retirada de fondos para el programa de exención de visados de Chile, también conocida como Visa Waiver. (Emol-El Mostrador DF)
